EscucharUn grupo importante de pequeños agricultores del país atraviesa por un difícil período, que demanda la atención de todos, en particular de las autoridades.
El problema que enfrentan no obedece a fenómenos naturales, como sequías, inundaciones o plagas, sino a efectos de políticas típicamente económicas: elevado endeudamiento, unido a alto costo de crédito, precios internos de los productos que no permiten a los agricultores recuperar todos sus costos de producción y -posiblemente- competencia externa. Muchos culpan a la apertura y a la reforma del Estado de las penurias que sufren nuestros campesinos y -por ende- proponen "soluciones" (como subsidios, proteccionismo y más control estatal) que riñen con la eficiencia, la productividad y, en suma, con el bienestar de los propios campesinos y del resto de la población.
El sector agrícola no puede operar permanentemente aislado de las fuerzas del mercado y de la competencia. Mal haría un gobierno en adoptar esquemas económicos que artificialmente favorecen a determinados grupos de agricultores pero que lesionan el poder de compra de todos los consumidores. El sector agrícola de nuestro país debe aceptar -y el gobierno ayudarlo a que puede hacerlo- que, más temprano que tarde, tendrá que producir con la calidad y al precio que operan en el mercado internacional. La apertura de este importante sector debe darse. Pero debe darse bien.
En efecto, muchos son los afectados por programas de ajuste estructural que solo se llevan a cabo a medias. Así, mientras el déficit fiscal sea alto y el margen de intermediación financiera (y el costo del crédito) superior al que opera internacionalmente, difícilmente podrá nuestro agricultor -y, para el caso, cualquier otro productor local- competir con el resto del mundo. Tampoco podrá hacerlo cuando el costo de los insumos supere a los de otras latitudes o cuando el mercado interno no está plenamente abierto a la libre competencia, sino que es presa de esquemas monopolísticos, sea en el suministro de insumos o en la comercialización.
Por eso es que resulta menester llevar a feliz término -en vez de echar marcha atrás- las reformas estructurales. Las financieras son claves para que el costo del crédito en Costa Rica, y los plazos de los préstamos, vuelvan a sus niveles normales. También han de asegurarse las autoridades que en materia de producción agrícola para el mercado interno opere un esquema razonablemente competitivo y que los precios que los intermediarios pagan a los productores guarden lógica relación con el precio que por los productos agrícolas se cobra a los consumidores finales. En el "fomento de efectiva competencia" el Estado, quizá por medio del Ministerio de Economía, tiene mucho que hacer y de esas labores los beneficiarios directos serán los agricultores, que pueden obtener mejores precios por sus productos, y los consumidores, que podrán adquirirlos a costos más bajos.
Si a lo anterior se une una asistencia técnica eficaz, promovida aunque no necesariamente suplida por agencias estatales, entonces no tendremos por qué temer a la apertura y a la competencia internacional. El problema de los agricultores es también problema nuestro y por ello hemos de saber precisar su origen, para no arriesgar adoptar medicinas que sean peor que el mal.
