Recientemente, el país vivió una de sus páginas más negras. Descaradamente se ha violado la Constitución, ya que se le ha negado a la ciudadanía el ejercicio del derecho de circulación, consagrado en el Artículo 22: "Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella". Ahora resulta que a todos los grupúsculos de presión les ha dado por cerrar calles, demostrando profundo irrespeto a las leyes, la Carta Magna, los usuarios de servicios y el país en general, negándoles el derecho sagrado a la libre movilización.
No satisfechos con evitar que la gente que sí quiere trabajar lo haga, utilizaron a los estudiantes como carne de cañón en las protestas, que llaman pacíficas, aunque cualquier manifestación de esas es de por sí violenta.
Términos antagónicos. El Artículo 4 de la Constitución establece: "Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición". Más claro no puede ser; los sindicatos no tienen ningún derecho de arrogarse la representación del pueblo, aunque para ello traten de confundir a la opinión pública tratando de igualar apertura con privatización, cuando en realidad son términos antagónicos.
¿Les gustaría a los sindicalistas que lleguemos a bloquear el portón de su casa, sólo porque estamos en contra de sus ideales, que si bien respetamos no compartimos? Si a todo el mundo se le ocurre bloquear calles sólo porque no comparte las ideas de los demás, este país se paralizaría.
El problema se deriva de algo sencillo: los sindicatos le tienen horror a todo lo que suene a competencia, pues a lo largo de 50 años han acumulado privilegios que pagamos entre todos, y saben que una apertura de la oferta de servicios significa la pérdida de credibilidad de un movimiento ya de por sí desprestigiado. También, con sus actuaciones lo único que se está ganando es el repudio de la población. El temor se agrava porque saben que lo que sigue de ahora es un efecto dominó, con la consiguiente caída del monopolio público, la mayor atrofia para el desarrollo de cualquier economía.
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