A brincos y saltos, con días malos y buenos, la legislación en torno a la propiedad intelectual y las marcas avanza, se aprueba o revisa, como parte del conjunto de normativas que sufren variaciones con el advenimiento del TLC con Estados Unidos.
Las modificaciones vienen a reforzar nuestro completo sistema jurídico, que engloba todo lo necesario para que el dueño de una marca ejerza con fortaleza todas las acciones legales para proteger los signos que identifican sus productos, sus servicios y su negocio como tal.
Estos cambios permiten que nuestro país se adecúe a la normativa internacional en torno a propiedad intelectual y marcas. Asimismo, procuran simplificar los trámites para la inscripción de marcas y otros signos distintivos, la incorporación expresa de las marcas sonoras y el fortalecimiento en las penas impuestas a los infractores de marcas.
Protección del desarrollo. Al proteger las marcas y, en general, cualquier producto o servicio que nazca del ingenio y del trabajo de una persona o de un grupo, en realidad se está protegiendo a la sociedad misma, al salvaguardar uno de los motores más potentes del desarrollo.
La propiedad intelectual estimula la creación de bienes y servicios, favorece la investigación, promueve el crecimiento social y es el germen de nuevas creaciones e innovación constante.
Los ataques a este derecho amenazan, por tanto, a quienes vivimos en un mundo cambiante y deseamos que el ingenio y el trabajo humanos sigan procurando el avance, y no el estancamiento.
¿Por qué para algunos es tan díficil este concepto? Al igual que una casa, un carro, una finca y, en general, todo lo concreto que poseemos, las marcas constituyen un bien que encierra trabajo, esfuerzo, inversión, empleos y creatividad, y que debe ser protegido.
¿Y quiénes son los llamados a ejercer esta salvaguarda? La respuesta es fácil de encontrar, pues pasa por la pequeña empresa de garaje, la finca del productor, la computadora del joven desarrollador de software o la oficina del representante de la compañía internacional.
Es urgente, entonces, que los empresarios y gerentes nacionales se informen, se asesoren adecuadamente y conozcan todas las alternativas que la ley ofrece actualmente, así como también los proyectos de ley que próximamente se estarán aprobando, para que pongan en práctica todas estas útiles herramientas en resguardo de lo que tanto les ha costado.
Reza un viejo refrán: “Las ideas no se matan, pero se roban”. Y, justamente en razón de este principio de protección del intelecto, Costa Rica, desde hace ya varios años, ha promulgado legislación tendiente a buscar y brindar esa protección.
Es hora, entonces, de poner manos a la obra, valorar y apreciar de forma adecuada lo que representan los activos intangibles dentro de nuestras empresas, y emprender la importante tarea de registrar y proteger todo ese inventario intelectual que, al final, será lo que permita defenderlo administrativa o judicialmente.