G-7 probó la ausencia de políticas nucleares coherentes
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Acordar la clausura total de las instalaciones de Chernobyl, en Ucrania, antes del año 2000 fue, sin duda, el logro más importante de la reunión cimera sobre seguridad nuclear efectuada el pasado fin de semana en Moscú. La cita, en la cual participaron el G-7 (Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón), Rusia y Ucrania, pudo finalmente conciliar los criterios de la alianza occidental con los de Ucrania y estableció un programa, cuyo costo excede los $3 mil millones, para cerrar los reactores que, hace diez años, produjeron la mayor catástrofe nuclear hasta ahora conocida.
Desafortunadamente, la sombra funesta de Chernobyl se extiende mucho más allá de Ucrania. Además de la contaminación ambiental derivada del accidente, la cual afecta una amplia zona de Europa y que tomará siglos superarla, hay también numerosos reactores, similares a los causantes de la tragedia en Chernobyl, esparcidos por el orbe. Esta aciaga herencia soviética persiste en países del este europeo y amenaza renacer en la planta nuclear que, con ayuda rusa, está siendo desarrollada por Cuba. A ello se suma el empeño ruso de vender los infaustos equipos a China e Irán.
Por desgracia, la cumbre en Moscú no avanzó en la eliminación de esta amenaza ni tampoco consiguió frenar los planes del Kremlin para transferir a Irán tecnología atómica con usos militares. Lejos de ello, el presidente ruso, Boris Yeltsin, sorprendió a sus interlocutores occidentales al proponerles unirse a la cuestionable aventura de dotar de capacidad nuclear al principal promotor del terrorismo mundial. Y si bien abundaron las declaraciones oficiales propugnando medidas más estrictas de seguridad nuclear y, sobre todo, en favor de impedir la proliferación del poderío atómico, lo cierto es que el comercio ilícito de tales materiales posee dimensiones epidémicas y, lo que es peor, va en aumento.
En este sentido, la jornada cimera testimonió la ausencia de políticas consistentes en torno al problema de la proliferación nuclear en sus diversas facetas. Por ejemplo, a pesar de los deficientes controles internacionales, Estados Unidos ha entregado a Moscú avanzada tecnología, susceptible de ser utilizada para fines bélicos y que, dado el laxo contexto de la industria militar rusa, arriesga caer en manos de regímenes radicales o grupos criminales. En cualquier caso, dicho peligro tiende a multiplicarse debido a los afanes de las principales potencias occidentales por incrementar su comercio armamentista, amén de la capacidad obtenida en este campo por naciones como China y Norcorea.
La jornada cimera tampoco deparó fórmulas con respecto al espinoso tema de la verificación que plaga al proyectado convenio para proscribir totalmente las pruebas nucleares. Como tantos otros planes de desarme, dicho tratado carece de mecanismos efectivos para evitar que armamentos atómicos sean fabricados en violación de sus disposiciones. Así ha ocurrido con las armas químicas y biológicas, incluso por países firmantes de las respectivas convenciones que las vedan.
Obviamente, la tarea que aguarda no estriba --ni se agota-- en suscribir acuerdos. Aminorar el peligro que entraña la proliferación nuclear exigiría, ante todo, inyectar una altísima dosis de coherencia a la conducta del ámbito democrático, empezando por las naciones que integran el G-7. Empero, como lo comprobó la cumbre en Moscú, la voluntad política que ello implicaría aún no asoma en el horizonte estratégico, hoy dominado por intereses mercantiles ajenos a la prioridad de garantizar la seguridad del planeta.
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