La realidad del Castella

Primero, el Conservatorio Castella no es público. Toda institución u órgano público tiene origen en una ley o decreto, pero en el establecimiento del Conservatorio no existe norma estatal alguna. Fue don Carlos Millet de Castella quien donó los terrenos donde originalmente se asentó el Conservatorio en Sabana Norte a una asociación, convertida más tarde en Fundación Conservatorio Castella, que adquirió los terrenos en Barreal de Heredia y paga, recogiendo la módica suma de ¢17.000 mensuales por alumno, educación académica y artística de primera calidad, alimentación y transporte para más de un millar de estudiantes, mantenimiento de las instalaciones y salario de la mayoría de la planilla administrativa.

El Ministerio de Educación (MEP) paga, como lo hace con los colegios semioficiales, los salarios de los docentes. El propio reglamento y una directriz de la Sala Constitucional han establecido que los colegios en esa condición no dejan de ser privados ni pierden la facultad de administrarse como tales.

No cobró diciembre. Aclaro categóricamente que, pese a lo anterior, la fundación no cobró matrícula en diciembre, sino que, para fijar el presupuesto anual, solicitó el adelanto de febrero, para tener garantía más o menos adecuada de la cantidad de alumnos que recibiría.

Otro error fue decir que el exdirector Sergio Herrera "está suspendido por conflictos con la fundación". No es cierto. A él lo suspendió el MEP por estar acusado por la Fundación Conservatorio Castella ante el Ministerio Público por administración fraudulenta, falsedad ideológica y estafa. Di a la redactora copias de las facturas alteradas, de las declaraciones de varias personas que dan fe de que no recibieron nunca ni firmaron facturas por supuestos pagos del exdirector, o que dicen que materiales adquiridos por medio de él no llegaron nunca al centro educativo, sino que fueron depositados en su casa de habitación.

Además, el MEP encontró nombramientos de profesores que no lo eran, pero a quienes se les giraron salarios, y otros reportados como tales que ejercían labores no académicas. Esos son los "conflictos" de la nota periodística.

Para eximirse. El mismo exdirector ha profesado la nueva tesis de que el Castella es colegio público, con la peregrina idea de desnaturalizar la condición de perjudicada de la fundación, pues perdería legitimidad en la demanda. Ante esto, un grupo de padres de familia que la señorita Gólcher nombra, y que se encontraba en extrema mora en el pago de las cuotas de sus hijos, encontró muy feliz el sumarse a la idea para eximirse del pago de sus deudas.

Finalmente, resulta obvio que funcionarios favorecidos con la administración del señor Herrera, se han agrupado alrededor de él ante el temor de perder privilegios.

A todo esto se enfrenta la Fundación Conservatorio Castella, más a la pasividad del MEP que, extrañamente, no asume la posición severa que todos esperaríamos.

(*) Abogado de la Fundación Conservatorio Castella

NOTA DE LA REDACCIÓN

Según explicó Eduardo Loría, viceministro de Educación Pública y responsable del área administrativa de dicha cartera, el Conservatorio Castella es una institución pública.

Respecto al cobro de la matrícula, la denuncia la plantearon los padres. El licenciado Cabezas me manifestó que ese cobro no era de matrícula, sino que se trataba del cobro adelantado de febrero; sin embargo, él aceptó que a los padres no se les explicó dicho aspecto.

Raquel Gólcher