En las últimas semanas algunos en la izquierda democrática costarricense han añadido un nuevo mandamiento a su catecismo ideológico: "No aprobarás, bajo ninguna circunstancia, impuestos indirectos". La fracción del PAC, buena parte de la del PLN y algunos de los sectores sociales representados en la comisión mixta que discute la reforma fiscal, han anunciado que, si la solución de la actual coyuntura fiscal demanda algún aumento tributario, este deberá recaer únicamente sobre los tributos directos. Después de todo, ¿no nos han dicho reiteradamente don Albino Vargas, don José Miguel Corrales y muchos otros que nuestro sistema tributario es uno de los más injustos del mundo? Aunque comparto con los mencionados la pasión por una sociedad más equitativa y la conciencia de que nuestro sistema tributario debe ser reformado, me temo que el rechazo tajante al aumento de los impuestos indirectos solicitado por el gobierno huele a consigna ideológica, a voluntarismo fiscal y a incomprensión de los límites de las reformas tributarias.
Experiencia internacional Que nuestro sistema tributario necesita reformas profundas no requiere mayor evidencia. Si Costa Rica quiere los servicios públicos, la infraestructura y el capital humano de un país desarrollado, entonces debe empezar a comportarse como tal. Sin embargo, nuestra carga tributaria (13,4% del PIB y 17,6% si añadimos las cuotas de seguridad social) es menos de la mitad de la del país desarrollado promedio (27,7% y 37,3%; cifras de la OECD, 2000). Asimismo, nuestros impuestos directos son una fracción de los recaudados en los países desarrollados tanto en relación con el total de la carga tributaria (CR: 27,6%; OECD: 55,4%), como del PIB (impuesto sobre la renta: CR: 3,7%; OECD: 13,3%). Esto lo sabemos todos. Lo que se ha dicho menos es que también nuestra carga de impuestos indirectos está bastante por debajo de la de los países desarrollados (CR: 8,6% del PIB; OECD: 11,6%). Si la experiencia internacional ofrece alguna guía, ambas categorías impositivas tienen amplio espacio para ser aumentadas en nuestro país.
Eso, por supuesto, no significa que deban serlo. Para sostener eso es necesario hacer referencia a la presente coyuntura fiscal. Un déficit fiscal del 4,7% del PIB, aunque no es inmanejable, sí es serio. Y lo es, en parte, por sus consecuencias distributivas. Es ese déficit el que obliga al Estado costarricense a endeudarse y a relegar la inversión en servicios públicos para pagar intereses a los tenedores de bonos, que en su inmensa mayoría no provienen de los estratos pobres de la población. Aun sin considerar su impacto inflacionario, nuestro déficit fiscal y la deuda pública que genera configuran un caso opuesto al de Hood Robin : roban a los pobres para dar a los ricos. Negarse a reducirlos rápidamente es, me temo, abrazar una causa particularmente reaccionaria.
Efectos inmediatos. El punto crucial es que una reducción rápida del déficit fiscal no se logrará, por más que queramos, aumentando los impuestos directos (que son muy complejos de administrar) o mejorando los mecanismos de recaudación (que requiere de considerables reformas administrativas). Necesarias como son, semejantes reformas casi nunca producen efectos inmediatos. Aun la creación del delito fiscal durante la administración Figueres Olsen, un hito en nuestra historia tributaria, ha generado cambios apenas perceptibles en nuestra recaudación. Mal que nos pese, si el déficit fiscal ha de ser abatido con celeridad es inevitable contraer el gasto público y aumentar transitoriamente los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque cualesquiera sean sus defectos, los gravámenes indirectos tienen una virtud cardinal en medio de una urgencia fiscal: son mucho más fáciles de recaudar. Es por ello y no por ninguna conspiración neoliberal por lo que han aumentado en Costa Rica y en casi todas partes. Entendámonos: yo también quiero que en Costa Rica se paguen más impuestos directos y progresivos, y que todos los paguemos. Pero no les voy a pedir lo que no pueden dar: sacarnos del agujero fiscal actual.
Redistribución. Y no es eso lo único que no les voy a pedir. Estoy consciente de que el aumento de los impuestos directos es una parte limitada y en algunos sentidos poco relevante de la compleja tarea de construir una sociedad más equitativa. Muchos en el país hallarán desconcertante saber que el peso de los impuestos indirectos en nuestro sistema tributario no es demasiado distinto del que mostraba Francia en 1965 (62,4% del total) o Corea del Sur en 1975 (65,7%), cuando ambos países ya habían alcanzado altos niveles de equidad social; y que les tomó a los franceses 35 años llevar esa cifra a menos del 50% del total (Corea aún no llega). Asimismo, se sorprenderán de saber que el sistema tributario de Suecia, uno de los países más equitativos de la tierra, nunca ha sido particularmente progresivo, e incluye un impuesto al valor agregado del 25%, que se carga, a diferencia del nuestro, aun a los productos más básicos. Por importante que sea, el balance de la carga tributaria entre impuestos directos e indirectos es acaso menos relevante desde el punto de vista distributivo que el nivel total de la carga tributaria y, sobre todo, la forma en que esos recursos se invierten: si se gastan construyendo escuelas rurales o subsidiando la matrícula universitaria a quien no lo necesita, construyendo hospitales o retribuyendo a los tenedores de bonos.
Los progresistas ticos siguen plantando las banderas donde no corresponde. Si nos interesa la suerte de quienes menos tienen, es importante discutir sobre el balance de la carga tributaria y cambiarlo gradualmente. Pero mucho más urgente es abatir el déficit fiscal, bajar la deuda pública y redirigir el gasto estatal hacia donde tenga efectos más redistributivos. Y es preciso dejar de repetir consignas y empezar a pensar con la cabeza, como Dios manda.
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