EscucharDesde el cierre de las urnas de votación, el 5 de febrero, la vida política del país se desarrolló en dos planos diferentes.
Por un lado, una amplísima mayoría de los ciudadanos, de forma individual o mediante diversos grupos y organizaciones, demostró su madurez cívica y, como correspondía, depositó su confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), árbitro imparcial y sólido garante de la pureza del sufragio. Detrás había una doble certeza: pasados los comicios, los intereses nacionales deben imponerse sobre los de partido, y nuestras leyes, instituciones y procedimientos institucionales, sin ser absolutamente perfectos, ofrecen un sólido marco de garantías para la salud democrática de la República. Por esto, y a pesar de un ajustado resultado en la votación presidencial, el país retomó normalmente sus actividades.
Paralela a esta corriente central de la sociedad, sin embargo, aparecieron algunos dirigentes sindicales y políticos con un discurso virulento e irresponsable. Sus argumentos incluyeron apocalípticas e infundadas acusaciones de "chorreo" de votos o "fraude"; la magnificación de cualquier pequeño error o aislada omisión, para intentar convertirlos en evidencia de oscuras intenciones, y la exigencia de que, sobre la marcha, el TSE cambiara las reglas del proceso de escrutinio. Llegaron, incluso, a poner en duda la legitimidad de un proceso ejemplar en el continente.
En los últimos días, sin embargo, la madurez ciudadana, la solidez institucional y la realidad monda y lironda se han encargado de acallar a los promotores de la discordia. El TSE ha sido convincente en sus explicaciones sobre las garantías del escrutinio, receptivo a estudiar cualquier reclamo fundado y, a la vez, enfático en desmentir las acusaciones frívolas. Al concluir el escrutinio manual para presidente, la ventaja de Óscar Arias sobre Ottón Solís se consolidó en 18.167 votos (algo más de un punto porcentual), muy por encima de cualquier variante a que pudieran conducir los pedidos puntuales de nulidad; sin embargo, el Tribunal, con seriedad y apego a su normativa legal, no hará ninguna declaratoria hasta que haya resuelto todos los reclamos, dentro de una semana o algo más. Salvo Solís, los principales contendores por la presidencia han reconocido el triunfo de Arias. Además, conforme avanza el escrutinio manual para diputados, han ido apareciendo muchas de las pocas papeletas "extraviadas" y algunos padrones registro, lo cual es muestra fehaciente, como había dicho el TSE, de que no hubo "conspiración" ni "fraude" alguno.
En síntesis, ha quedado de sobra demostrado algo que nunca debió ponerse en duda: el país vive una completa normalidad democrática. Desgraciadamente, el elemento discordante en esta realidad lo han puesto, nuevamente, los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que temen perder sus privilegios y control de instituciones si el país y sus nuevos gobernantes emprenden, como es necesario, una ruta de modernización. Como si las cúpulas sindicales, y no los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fueran los entes legítimos de decisiones públicas, en una reunión, celebrada el viernes, esos dirigentes volvieron a sus amenazas de oposición y enfrentamientos si el próximo Gobierno no hace lo que ellos dicen, y agregan, ahora, que " todo se vale" para imponer sus propósitos.
Se trata, ni más ni menos, que de una agresión a todos los ciudadanos, quienes, no importa el partido o la opción presidencial, acudimos a las urnas porque creemos que es a las instituciones democráticas representativas, y no a los grupos de presión, a quienes corresponden las grandes decisiones nacionales. Desgraciadamente, la sede de esa reunión antidemocrática fue la Conferencia Episcopal de Costa Rica. ¿Por qué se prestaron nuestros obispos a acoger a quienes llaman al enfrentamiento y están dispuestos a "todo" para imponer su criterio sobre el de los ciudadanos? Queremos creer que se trató solo de un lamentable error. Porque, de lo contrario, habría dos únicas explicaciones: o existe una inconfesable toma de posición a favor de esos dirigentes, o la sede de la Conferencia se ha convertido en un centro de convenciones que, de ahora en adelante, deberá acoger a cualquier sector que desee, como la ANEP, manipular su simbolismo.
