En todos mis años de lucha por la protección de los recursos naturales, y desde la experiencia de haber sido miembro del Consejo Nacional de las Áreas de Conservación (Conac), durante seis años, he visto, lamentablemente, esta película muchas veces.
No pretendo meterme en una cacería de brujas. Quienes me conocen saben que ese no es y nunca ha sido mi estilo, pero sí reflexionar sobre lo sucedido en el lamentable incendio que ocurrió en el terreno que otrora fuera el Centro de Conservación de Santa Ana, administrado por Fundación Pro-Zoológico (Fundazoo), la misma que tuvo a cargo el Parque Simón Bolívar, y hoy conocemos como futuro Parque Natural Urbano Lorne Ross (PANU).
Hay que ser claro. Si bien es cierto no es el primer incendio forestal que se da en la zona, pues en esta época ocurren en todo el país debido a lo seco del terreno, y esto, aunado a las altas temperaturas, lo convierte en el combustible perfecto para que se desate, hay vasta experiencia sobre qué no hacer para que esto ocurra.
Esto pasa por tener cuido en el área, realizar las rondas cortafuegos que, en este caso, si se demuestra que el fuego empezó en una quema colindante (práctica prohibida, dicho sea de paso), habría ayudado a evitar, o al menos minimizar, el avance del fuego en la zona.
En síntesis, no pareciera que se hizo lo debido para prevenir este lamentable incidente.
Si a eso le sumamos que, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo las diferentes fracciones legislativas sobre el futuro del terreno, sea Parque Natural Urbano Lorne Ross o Parque del Agua, quien paga los platos rotos es la naturaleza.
Vivimos en un país privilegiado, lleno de una naturaleza que enamora a propios y extraños, pero esta se ve constantemente amenazada por incendios, cazadores, tala de árboles y limitación de recursos. De ello dan cuenta los guardaparques, que muchas veces salen a defender con las uñas nuestros parques nacionales y áreas protegidas.
Es necesario decidir cómo administrar este tesoro invaluable de 52 hectáreas, donado hace 50 años por don Lorne Ross y su esposa, Agnes Spencer, en un acto de bondad y conciencia sobre la protección del medio ambiente.
Curiosamente, he visto cómo han creado parques nacionales vía decreto, a velocidades que han impresionado a más de uno.
Hasta donde sabemos, el Área de Conservación Central tiene los estudios técnicos suficientes para justificar, con base en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad y su reglamento, la firma de un decreto que permita la creación de un área silvestre protegida (ASP).
Así, tendría una categoría de manejo acorde a la voluntad de los donantes y los deseos de la comunidad de Santa Ana, aspecto que se hace mandatorio, en mi opinión.
Lo expresado por la Procuraduría General de la República en su opinión jurídica PGR-OJ-101-2023, del 16 de setiembre del 2023 sobre el expediente 23 645 “Ley de Creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross como Motor para el Desarrollo Social y Económico Sostenible para Santa Ana”, fue: “Con apego a la jurisprudencia constitucional, el MINAE-SINAC está obligado a administrar cualquier terreno o zona de titularidad pública (de dominio público o bienes de la nación), que conforme con la ley corresponda al patrimonio natural del Estado (véase el voto N.° 2008-016975 arriba citado).
Esto ha sido resuelto de la misma forma en otras oportunidades: “Como la administración de las áreas silvestres protegidas es indelegable, el Estado, a través del Minae (…) mantiene las competencias de ley de administración del área silvestre y los recursos de esta. Asimismo, tiene el deber de controlar y monitorear las actividades que se estén realizando y suspender aquellas que atenten contra los ecosistemas del área” (ver sentencia N.° 7500-97 de las dieciséis horas tres minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y siete). (Sala Constitucional, sentencias 16938-2011 y 2678–2012)”.
Pareciera que, desde hace muchos años, todo ha sido un tema de no ponerse de acuerdo respecto a qué hacer y cómo hacerlo.
Los tiempos actuales nos convocan a buscar nuevos modelos de administración de las áreas silvestres protegidas, donde las comunidades sean tomadas en cuenta, se proteja la naturaleza y sean sostenibles económicamente. Eso se llama sostenibilidad y dista mucho de lo que se ha hecho hasta hoy.
Solo espero que, en este caso, el tiempo no sea nuestro enemigo y no se nos haga tarde para honrar el deseo y la memoria de don Lorne y doña Agnes. Y que algo de lo que deben disfrutar todos los costarricenses desde hace 50 años no siga durmiendo el sueño de los justos, esos que hoy reclaman una inacción donde, como siempre, la naturaleza es la que pierde.
Gabriela de San Román Aguilar es abogada y especialista ambiental.
