Comenzó con la fantasía de un megaproyecto portuario en Matina, en el que se invertirían $1.000 millones, generaría miles de empleos y produciría jugosas ganancias.
Terminó con varios inversionistas estafados, un juicio en Estados Unidos por "conspiración para sobornar", la condena por ese cargo de un directivo estadounidense, la declaratoria de un costarricense como "prófugo de la justicia" y una gran inquietud sobre las implicaciones de una lista de políticos, empresarios y funcionarios nacionales a quienes los promotores de la ficticia iniciativa identificaron como posibles "amigos" o potenciales colaboradores de ella.
Esta es, en síntesis, la historia de la empresa Owl Investment Securities (OSI) en Costa Rica. Y entre las moralejas que deja hay una que debemos tomar muy en cuenta para evitar similares experiencias: nos referimos al cuidado que deben tener nuestras autoridades (y empresarios y profesionales) frente a los gestores de proyectos sin adecuados antecedentes sobre su seriedad.
Salta a la luz, al analizar los detalles del caso, que el principal objetivo de OSI no fue el desarrollo del plan, sino la búsqueda, a toda costa, de elementos que les permitieran legitimarlo a los ojos de potenciales inversionistas, de quienes obtuvieron $3,5 millones. Por esto se afiliaron a la Cámara de Exportadores Costarricenses, en cuya página web se mantuvo el nombre de la firma varios meses después de que dejaran de pagar su afiliación. Por esto trataron de obtener una carta de apoyo de parte de nuestras más altas autoridades, a lo cual se negó el primer ministro de Comercio Exterior de la administración Figueres, José Rossi, pero sí les entregó su sucesor, José Manuel Salazar Xirinachs. Y por esto también, probablemente, se esforzaron por hacer creer que había un grupo de personalidades dispuestas a colaborar con su proyecto. Esta parece ser la explicación más lógica de la lista de 15 costarricenses elaborada por el delegado de OSI aquí, aportada como uno de los documentos en el juicio que se siguió en Kansas City, Missouri, contra el directivo Robert R. King, condenado bajo el cargo de "conspiración para sobornar".
¿Existió esa conspiración? El tribunal norteamericano llegó a la conclusión de que sí; por ello la condena. ¿Se trató, efectivamente, de sobornar a alguien en Costa Rica? Ante esto no existe una respuesta contundente porque el haber organizado la trama para entregar los sobornos no quiere decir que, efectivamente, se intentaran materializar. ¿Se convirtió el presunto intento en algún soborno real? No hay ninguna evidencia en este sentido; menos aún existen indicios que permitan identificar a algún posible receptor de dádivas de la empresa en el país. Por algo un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró, en una carta al embajador nacional en Washington, Jaime Daremblum, que en el procesamiento de King "no se acusa que los sobornos en discusión de parte de los conspiradores se pagaran en el algún momento a individuos específicos".
¿Quiere esto decir que el Ministerio Público debe desentenderse del caso? Creemos que no: es importante investigar las versiones aportadas en el juicio que se consideren relevantes para despejar cualquier duda o, si es del caso, explorar cualquier pista de importancia.
Pero, al margen del resultado de una indagatoria, sí ha quedado como enseñanza la necesidad de ser extremadamente cuidadosos frente a las propuestas extravagantes y los proponentes sin adecuados antecedentes: las cartas de presentación o recomendación son demasiado importantes para tratarlas a la ligera. Si este elemental principio se hubiese seguido, se habría evitado la "conspiración" y les hubiéramos ahorrado a varios inversionistas sus pérdidas en un proyecto que fue, simplemente, un espejismo en la costa.