Pese a la sarta de promesas de las campañas políticas, los grandes problemas de la sociedad costarricense parecen desdibujar lo idílico del término democracia para constituirse en un sistema cuyos políticos no dan solución a los problemas nacionales.
Pese a la apreciación del Presidente de que la apatía en las últimas elecciones refleja la madurez política de los costarricenses, es la manifestación de un pueblo desilusionado, que se siente terriblemente engañado, que mira incrédulo cómo sus políticos no le dan respuesta, pero no sabe qué hacer sino entregarse al desentendimiento y al desencanto.
Morir en la espera. Dos pilares del sistema democrático están en agonía. Por un lado está el titular de La Nación: "Pacientes mueren esperando cirugía". Una terrible mezcla de rabia y vergüenza me invadió. Un pilar de la democracia, la Caja, no da la respuesta en calidad y prontitud que el pueblo merece, pese a que, cada cuatro años, el político que gana, y el que pierde también, dicen que arreglarán los males ya conocidos que aquejan a la entidad. El colmo es que un costarricense que espera una operación pueda morir porque la Caja no tiene suficientes especialistas.
Si este paciente tuviera plata, en un hospital privado ya lo habrían operado; pero, como no dispone de los miles de dólares necesarios, estará condenado, ni más ni menos que, a morir. Su crimen: creer en los políticos. Seamos serios. Aquí tienen un buen ejemplo de cómo se destruye un sistema democrático.
Por otro lado, mientras muchos mostrábamos sorpresa por los buenos resultados del Ministerio de Seguridad Pública a la caza de prófugos convictos por crímenes sexuales, el director del Organismo de Investigación Judicial se quejaba en La Nación de que ese trabajo era potestad del OIJ. Si era potestad del OIJ, ¿por qué hay esa sarta de prófugos, por qué no estaban en la cárcel, por qué, cuando intervino el Ministerio de Seguridad, salió el OIJ diciendo que la bola era de ellos? No usan la bola y no la prestan.
Con esa actitud solo ganan los maleantes. No necesitamos que los cuerpos de seguridad del país discutan quién hace qué; lo que necesitamos es que se aumente la seguridad y que trabajen conjuntamente por el bien ciudadano.
Más de ¢100.000... Otra noticia de risa triste fue un reportaje de La Nación sobre el robo de teléfonos celulares y las manifestaciones del OIJ. En el reportaje se recalcaba que el problema es el tipo de tecnología pues los teléfonos usan un chip intercambiable. Ese es tanto el meollo del asunto como decir que el problema de las calles en Costa Rica son los carros; por tanto, la solución está a la vista: los ticos no deben usar carros para que las calles duren más. Ese no es el problema, sino la impunidad cruzada con alcahuetería pues en el mismo artículo se decía que el OIJ sólo investigaba si lo sustraído tenía un valor superior a los ¢100.000 o había violencia. Es decir, la culpa del robo la tenemos los ticos pelados y pobres o agarrados por comprar teléfonos de menos de ¢100.000, valor que no justifica una investigación.
Para el Estado, el patrimonio de los costarricenses no es importante, aunque se lo robaran en la acera frente a su casa.
La "buena noticia" es que, si un maleante sabe leer y leyó La Nación, puede hacer su agosto robando teléfonos de menos de ¢100.000 pues esto a la policía no le interesa. Si roba cinco celulares de ¢60.000 de forma individual, en un día, y obtiene ¢300.000, no pagará impuestos. Además, a la policía sigue sin interesarle. Esto se llama fomentar la criminalidad, la que dicen combatir los políticos, pero no vemos respuesta.
Continuamos destruyendo una democracia. De seguro, este fue el motivo por el cual el Chapulín Colorado, conocedor de la situación en Costa Rica, acuñó su famosa frase: "Y ahora, ¿quién podrá defenderme". Pero "que no panda el cúnico"; lo que queda es defenderse uno mismo y comprar para tal menester un chipote chillón; pero no sea agarrado: compre uno que valga más de ¢100.000 pues, de lo contrario, ¿quién podrá defenderlo?