EscucharAnte el hecho consumado de la demolición de la casona que, a principios de siglo, habitó la familia del expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno, en la ciudad de Cartago, al menos queda como postrer consuelo la reacción airada de los cartagineses y de otras comunidades del país. No todo está perdido.
Esta reacción no nos devuelve la casona, pero debe servir para analizar los hechos con seriedad y para adoptar, de una vez por todas, las providencias pertinentes a fin de hacerles frente a estos verdaderos actos de vandalismo. Nuestra historia no es escasa de agresiones de este tipo, signo palpable de falta de sensibilidad cultural en diversos sectores del país, de irrespeto por ignorancia o por negocio de la historia y del arte; manifestación de una educación deficiente en estos campos del espíritu, de un estrecho margen de acción y hasta de voluntad de acción, en no pocos casos, de parte del Ministerio de Cultura, y, por supuesto, de la convicción, en las filas de los iconoclastas, de que, si por la negligencia o la corrupción, en materia de recursos públicos, poco pasa, con más razón florece la impunidad en punto a los atentados contra el arte, la historia o la cultura. Téngase presente, según consignan las noticias de ayer, que el anterior dueño de la casona se la vendió, por más de ¢150 millones, al representante, supuestamente, de la Universidad Latina.
Este punto merece una especial aclaración por cuanto, si bien el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, no había realizado los estudios para declararla patrimonio nacional, el hecho de que una universidad pudiese estar interesada en este edificio la obligaba, más que a nadie, a conservarlo. ¿Qué mejor ámbito inspirador de los estudios universitarios que una casona cargada de tantos recuerdos y enseñanzas? Y ¿qué mejor atractivo, aun desde el punto de vista comercial, que conservarla y engrandecerla, en vez de destruirla? Pero, aun en la eventualidad de que el interés universitario no fuese cierto y de que no se hubiese documentado aún como parte del patrimonio cultural, su demolición, sin contar con el permiso de la Municipalidad de Cartago, y con base en un engaño, según se ha denunciado, sitúa los hechos en otro nivel más grave aún. Esta serie de actos, ilegales unos, incultos otros, exigen, como expresamos, una investigación de parte del municipio cartaginés y del Ministerio de Cultura para sentar la responsabilidad correspondiente.
No basta, con todo, indagar y, si cabe, sancionar. Esta experiencia, antecedida por otras de parecida índole, debe inducir al Ministerio de Cultura a apresurar la salvaguardia del patrimonio cultural, artístico o histórico del país, como un compromiso sostenido o institucional, que no quede al albur de la buena voluntad o de la sensibilidad de un ministro o de un grupo de colaboradores. La recuperación del edificio de la antigua aduana por el actual gobierno debe servir de estímulo y de ejemplo. Que no nos siga ocurriendo con nuestro patrimonio cultural o histórico lo que ha pasado, sin tregua ni descanso, con los recursos naturales, con el "ordenamiento" territorial o, en otro campo, con la defensa de la niñez, que una cosa es lo que se proclama o se suscribe y otra, muy diferente, lo que se hace. Ahí están, en lo territorial, los mapas acusadores de la NASA. Este desfase entre las palabras y los hechos solo beneficia a quienes interesa el desorden y poco les importa el bien común.
