Es un honor que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), don Óscar Fonseca Montoya, y dos distinguidos magistrados, don Luis A. Sobrado González y don Fernando del Castillo Riggioni, se refirieran el 15 de junio (Foro, La Nación ) a mi artículo "¿Fraude Electoral?" (pág. 15 del 10 de junio). No estoy acostumbrado a que magistrados de un Tribunal reverenciado por mí y por todos los costarricenses se refieran a modestas opiniones vertidas por un ciudadano que no ostenta ninguna otra representación ni credencial política que su cédula de identidad. Quiero agradecerles la generosidad conque me conceden el noble titulo de intelectual, considerando que mis modestas ideas "evalúan la democracia costarricense y el papel que han desempeñado nuestras elites políticas". ¡Dios los oiga!
Reitero el respeto que me inspira la honestidad, la prudencia y la transparencia personal de las señoras magistradas y señores magistrados del TSE. Por eso me ha sorprendido la forma insultante e injuriosa en que me acusan de ser un fanático ignorante que se deja "arrastrar por la pasión del debate" hasta el punto de afirmar en forma impropia, irresponsable y temeraria un cargo de carácter penal contra quienes han integrado el órgano electoral. Muy respetuosamente yo protesto de que magistrados del Tribunal Electoral, que deben distinguirse por su mesura, imparcialidad y respeto de los ciudadanos y sus opiniones, me traten de manera tan irresponsable, temeraria e impropia ¿Cuál es la evidencia de los señores magistrados de que en esa publicación, como en mis numerosos escritos, me dejo arrastrar por una baja pasión boxística, en vez de actuar con la ponderación y la objetividad de un científico social? ¿Cuáles son las pruebas que tuvieron para afirmar que hago afirmaciones falsas, ofendiendo la memoria histórica de mis compatriotas, afectando la honra de personas decentes y manchando el prestigio del Tribunal? ¿Es esa la imparcialidad, respeto y neutralidad prudente con las que los señores magistrados juzgan las opiniones de los ciudadanos sobre su propia democracia y sus instituciones? ¿Cómo concurrir a la convocatoria del Tribunal para el debate y la discusión si al que opina se le amenaza de responsabilidad penal?
Sin fanatismo. Los hechos que fundamentan mi reflexión, no mi fanatismo, son los siguientes: El 1∞ de junio de 1997 se celebró la convención nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) en la que se cometieron anomalías con las papeletas, se detectó una votación exagerada y falsificación de firmas, lo que obligó a las autoridades del Partido a anular 29.611 votos emitidos de manera irregular y a don José Miguel Corrales a no aceptar la candidatura hasta que el TSE no avalara el resultado de esa convención. En la sentencia N∞ 907 del 18 de agosto de 1997, el Tribunal avaló la declaratoria que favoreciera su candidatura presidencial. Estos hechos fraudulentos se repitieron este año en las distritales del mismo Partido, como bien señala don Alejandro Urbina en la columna Buenos Días del 25 de junio.
Con el argumento de que los vicios de fraude comprobados en el cómputo hecho por el Tribunal de Elecciones Internas en 1997 no afectaban el resto de los votos y que, a pesar de la votación fraudulenta, era posible determinar con certeza la voluntad de los electores, un fraude electoral que fue oficialmente comprobado y confirmado por la sentencia del Tribunal, resultó minimizado hasta el punto de ignorarlo y declarar que no había afectado sus resultados, como brillantemente lo demostró el jurista Fernando Guier en su artículo "El fallonazo del TSE", aparecido en La Nación .
Tribunal lo absolvió. ¡Estos hechos no son el producto de mis bajas pasiones! Existió fraude electoral en el pasado reciente del país, y el Tribunal con su sentencia lo absolvió. En virtud del ardid y el engaño se escamoteó la voluntad popular sobre cuál candidato quería el electorado en las papeletas presidenciales, para no solo votar sino elegir, y el resultado es que tenemos un gobernante que ganó unas elecciones marcadas por el abstencionismo, la desconfianza, el desaliento y la indignación del electorado ¿Es esto complicidad de quienes integraron el órgano electoral? No me atrevo ni me corresponde afirmarlo o negarlo, pero sí tengo pleno derecho a calificar estos hechos históricos como un fraude que fue absuelto. Un delito electoral que quedó impune y una duda en los comicios que pone en peligro la paz y la estabilidad social y política del pueblo.
Son ustedes, señores magistrados, quienes deben a los costarricenses una explicación sobre estos hechos de los que parecen no tener memoria histórica, y me deben a mí una excusa; son ustedes los que ofenden le memoria histórica de los costarricenses dando por hecho que los ciudadanos tenemos una grave amnesia ante los fracasos del régimen político. No quiero pronunciarme en este breve espacio sobre la reforma que ustedes promueven.
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