Según Montaner (21 de marzo), el Estado no tiene intereses -inherentes solo a personas y empresas- ni es capaz de precisar -en el campo económico- "qué demonios es eso de los intereses generales". No lo creo así porque todo Estado nace con intereses definidos en su "contrato social": nuestra Constitución Política le señala al Estado no solo intereses "sociales", si no una serie de intereses "económicos" que facilitan la definición de políticas para alcanzarlos; transcribo algunos:
procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.
Procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía.
Fomentar la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores.
Obligación constitucional. Mención especial merecen la Ley de la CCSS, el capítulo constitucional de las Garantías Sociales y el Códisgo de Trabajo, porque los intereses "económicos" de proteger al trabajador contra riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y vejez, así como contra jornadas laborales excesivas o pagos indebidos; igual, debe garantizarle el sustento a sus dependientes en caso de su muerte, son -también- intereses del Estado que deben ser perseguidos por los gobiernos que juran, siempre, defender la Constitución y las leyes.
Montaner confunde al Estado con los problemas de ciertos gobiernos al decir que "los mejor dotados, los mejor organizados, que suelen ser los más ricos, encontrarán siempre una forma de defender un trato privilegiado"; y lo confunde -además- con el sistema cuando afirma que "una de las grandes debilidades de las democracias radica (en) que los gobiernos suelen convertirse en rehenes de los empresarios poderosos o de los gremios organizados, algo que siempre resulta en perjuicio de la sociedad, especialmente de los más pobres".
Bienestar de todos. El Estado tiene intereses, definidos en su Carta Magna. Que algunos gobiernos no cumplan con su tarea, y en lugar de buscar el "el mayor bienestar de todos los habitantes del país" se dediquen a buscar el mayor bienestar de unos pocos por medio de los CAT, convenciones colectivas y otras granjerías, y que algunos políticos -sobretodo los que actúan con la irresponsabilidad que les permite el saber que nunca llegarán al poder- entraben el trabajo legislativo o entorpezcan la labor del Ejecutivo por mero exhibicionismo o para buscar en las prebendas gremiales algún caudal de votos, no significa -de ninguna manera- que el Estado haya perdido o carezca de fines.
Es más, diversos estudios del PNUD concluyen que ese famoso "mercado" ofrecido por Montaner como la gran solución, con sus grandes manos invisibles lo único que logra es privilegiar a los más fuertes; en este punto hallan razón los intereses "económicos" del Estado para "procurar el mayor bienestar de todos los habitantes".
Democracias como la nuestra son sistemas perfectibles, con aciertos que debemos mantener y desaciertos que urge corregir, incluso trasladando algunas actividades que hoy están en manos del Estado al sector privado si con ello se maximiza el beneficio a la población. Que el Estado tenga intereses no equivale a decir que toda la actividad productiva deba ser estatal; pero sí quiere decir que el Estado debe buscar que las diversas actividades sociales y productivas contribuyan al logro de sus intereses -que sí los tiene- y entre ellos, uno supremo: "el mayor bienestar de todos los habitantes del país".