Con respecto al artículo de opinión del domingo 29 de agosto escrito por Eduardo Brenes, titulado “El INS debe contestar”, en donde me exhorta públicamente, como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, a referirme a varias publicaciones, con gusto me permito aclarar lo que atañe a cada una.
No es cierto, tal y como se indica, que “se han hecho varias publicaciones referentes al INS y este no responde”, pues la institución le ha dado seguimiento a casi la totalidad de ellas y ha respondido –según el caso– por medio de carta, correo electrónico, por teléfono y en algunos casos ha citado personalmente al interesado.
Concretamente se respondieron las consultas planteadas por el señor Brenes, relativas a los seguros de gastos médicos. En las respuestas se le aclaran sus dudas al respecto, como consta en correo electrónico remitido el 9 de octubre del 2003 y en los oficios DSP-0098-2004 del 24 de enero, PE-2004-0364 del 29 de marzo, DSP-0361-2004 del 13 de abril y el de DSP-0386-2004 del 19 de abril, todas del 2004.
Al señor Brenes se le ha brindado la debida atención de todas sus cartas; además, personeros de la Dirección de Seguros Personales lo convocaron a una reunión para explicarle el funcionamiento de estos productos y se le indicó que sus sugerencias serían sometidas a valoración y estudio.
Mejor protección. Cuando en el comentario del 29 de agosto se dice que “la pretensión del INS es que estos dos seguros (Gastos Médicos del INS y Gastos Médicos 2000) caigan en desuso y los asegurados se trasladen al Seguro INS Medical....”, no es así. No obstante, el seguro INS Medical ofrece mejor protección, tanto nacional como internacional.
Respecto al comentario de don Luis Diego Vargas (20/6/04), el Instituto envió respuesta el pasado 5 de julio, pero, por motivos que desconocemos, aún no se ha publicado.
En esa nota se explica, entre otras cosas, que todas las instituciones del sector público, y el INS no es la excepción, están reguladas por la Contraloría General de la República en materia presupuestaria y de contratación administrativa, sujeta por lo tanto a todas las leyes de la materia y sus funcionarios serán sujetos de la sanción que en ellas se establece si actúan al margen de tales disposiciones.
En cuanto a control de gasto, inversiones, plazas y salarios, la Autoridad Presupuestaria emite anualmente las directrices correspondientes a las cuales está sujeto el INS. Incluso se indica que la propuesta del proyecto de ley de seguros en que participa la institución contempla la creación de una superintendencia de seguros que regule el mercado asegurador nacional y garantice al ciudadano la prestación de este servicio con el nivel óptimo de calidad, con cuya fiscalización técnica el INS siempre ha estado de acuerdo.
En cuanto a la columna de don Édgar Espinoza, del pasado 27 de junio y no del 21 de ese mes, como se señala, el Instituto no consideró conveniente responder por cuanto el espacio alude a varias instituciones y lo referente al INS es muy ambiguo e impreciso.
Cambios sin efecto. Respecto al comentario del señor Gerardo Arias (Cartas, junio 2004) que se refiere al aumento en las coberturas de responsabilidad civil del seguro voluntario de automóviles, me permito aclararle que en concordancia con un proceso de transformación que trata de mejorar aún más la calidad de los servicios que se brindan a los asegurados, así como los diferentes tipos de cobertura en la línea de automóviles, la junta directiva del INS acordó, el pasado 23 de agosto, dejar sin efecto los cambios que se dieron en ese seguro.
Finalmente, con respecto al comentario de la señora Wendy Víquez (Cartas, 6 y 11 de agosto del 2004), se determinó que tuvo una póliza de automóviles con el INS, la cual fue cancelada y se hubiese recargado, de mantenerse vigente, con un 20% semestral por mala experiencia siniestral ya que en agosto del 2000 se le pagó un reclamo y en abril del 2003 se le indemnizó por robo.
Lo anterior confirma que el Instituto Nacional de Seguros ha respondido, según el caso, a las inquietudes de los asegurados.