Mientras algunos niños en la escuela de Sierpe sufren de dolores de estómago o se duermen en las clases porque no han desayunado, según hemos informado y comentado en estos días, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) tiene depositados 1.200 millones de colones. No se trata, en este caso, de falta de recursos, sino, lisa y llanamente, de ausencia de planificación. Diversos problemas sociales –el principal, la pobreza– cuentan con recursos. La falla está en la mala gestión pública y en el clientelismo político. Esta historia se repite en diversas instituciones y, mientras no se lleve a cabo la ansiada reforma del Estado, en antesala desde hace décadas, la incoherencia continuará.
Esta incongruencia, en el orden educativo, se observa con más nitidez en el campo de la administración de justicia, mas no por suficiencia de recursos, sino por su exigüidad, causada, principalmente, por la falta de voluntad política –obras son amores– en el combate contra la corrupción. No ha habido gobierno que no se haya comprometido formalmente en la lucha contra la corrupción. Esta bandera ha ondeado en todas las campañas electorales y en los discursos inaugurales o anuales. Sin embargo, la retórica se ha impuesto sobre la realidad. Los hechos han estado muy lejos de avalar las promesas. El escándalo en la CCSS lo ha comprobado en forma brutal. En este doloroso episodio para el país ha quedado al descubierto, en primer lugar, que la estructura anquilosada de la CCSS se prestaba a toda clase de devaneos y extravíos, y, en segundo lugar, que, cometido el acto corrupto, los funcionarios judiciales han carecido de elementales recursos humanos y técnicos para dar cima a su tarea. Esto explica, además, por qué, ante una legión de denuncias, durante mucho tiempo, triunfó la impunidad. A la carencia de recursos se agregó, a la vez, la desidia, el temor o escasa preparación de algunos funcionarios responsables.
En este sentido, la exposición del fiscal general, Francisco Dall'Anese, anteayer, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, tendiente a defender un aumento del presupuesto de esta entidad en 758 millones de colones, dejó sentimientos encontrados. Por un lado, satisface que los diputados hayan abierto los ojos sobre la imperiosidad necesidad de fortalecer al Ministerio Público, aunque sea con una suma menesterosa para la magnitud de su tarea. Por el otro, quedó al descubierto la incoherencia del Estado ante la corrupción, gracias a los datos aportados por el Fiscal General. Mientras los delincuentes tienen en su haber los medios más refinados para sus fechorías, los fiscales deben andar mendigando en las instituciones públicas, no poseen medios para viajar al exterior, carecen de vehículos y tienen que usar en sus oficinas las computadoras particulares. Para viajar a Panamá, recientemente, los fiscales usaron su propio dinero y sus tarjetas de crédito.
Este no es un episodio pintoresco o a la tica. Es una vergüenza, señal inequívoca de que no ha habido voluntad –obras son amores– para combatir la corrupción. Pareciera, más bien, que la política ha consistido en mantener al Ministerio Público –y, en general, al Poder Judicial– en condiciones precarias, mientras otros, que debían, por su posición, acudir con premura en su ayuda, hacían de las suyas. Es preciso, por ello, superar en mucho este incremento presupuestario para el Ministerio Público y, en general, atender sin mezquindad las demandas presupuestarias del Poder Judicial. Un Poder Judicial moral, intelectual y económicamente sólido constituye, junto con una prensa con iguales prendas, la más eficaz garantía para nuestra democracia.
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