Una vez más, se menciona con grandes titulares y voces escandalosas, la necesidad de reformar la legislación y, según dice la congresista Laura Chinchilla, preocupa “el alto margen de discrecionalidad que tiene el Ministerio de Justicia para conceder beneficios a los reos, como, por ejemplo, pasarlos de un régimen cerrado a uno de confianza”. Otros hablan de promulgar una ley de ejecución de la pena.
Me parece que, una vez más, se quiere manosear la ley, sin tener conocimiento real de la situación penitenciaria del país, de los aciertos que ha tenido y tiene desde la promulgación de la ley 4762 de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia.
Cambios efectivos y positivos. El trabajo de la periodista Irene Vizcaíno ( La Nación , 27/9/04) es muy claro al informar que en realidad no hay incumplimiento de las penas de prisión impuestas por los jueces; por el contrario, salvo ciertas excepciones, el objetivo de la prisionalización se cumple pues la Dirección General de Adaptación Social y, específicamente, los funcionarios técnicos, administrativos y de seguridad comprometidos con el encargo social y legal, logran con los escasos recursos de que disponen el trabajar con la población privada de libertad, procurando concientizarlos de su actuar contrario a la ley y buscando en muchos casos reeducarlos, promoviendo cambios efectivos y positivos en ellos, los que aprovechan y logran reinsertarse al mercado productivo del país.
Y es que, cuando se trabaja con población penal, se procura establecer con ellos y ellas el definir un proyecto de vida sustentado en familia, trabajo y convivencia, y esto ha permitido tener excelentes experiencias.
De quienes saben. Por eso, creo que, antes de hablar de reformar o promulgar leyes, es deber de los legisladores escuchar a quienes en realidad saben, a los que conviven día a día con esta población; hay que tener cuidado de no retroceder y convertir el sistema penitenciario costarricense en lo que es hoy el de otros países de Centroamérica, sistemas caóticos, con una sobrepoblación superior a la nuestra, sin programas de atención, sin control en las cárceles, etc.
La Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología, el Patronato de Construcciones y Adquisiciones son órganos técnicos, no políticos, que deben ser escuchados y consultados antes de siquiera pensar en una modificación a la ley.
Se debe conocer la institución y seguir con el plan maestro de infraestructura carcelaria que inició la administración anterior pues, como dije durante una reunión sobre el sistema penitenciario en Honduras, nuestros países requieren cárceles con rostro humano.
Los funcionarios penitenciarios deben pronunciarse ante las afirmaciones de los políticos.
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