En su columna del pasado 5 de noviembre, don Rodolfo Cerdas recomienda que se establezca a nivel constitucional que Costa Rica no será sitio para la instalación de fábricas de armas o para la producción, almacenamiento, trasiego o comercialización de materiales que puedan tener ese uso. Más allá de la bondad de la recomendación de don Rodolfo, es necesario esclarecer que la hipótesis que parece dar origen a su propuesta –esto es, que el TLC es lo que da lugar a que el país pueda eventualmente servir de base para la fabricación, depósito o tránsito de armamentos y materiales bélicos– no es correcta.
El TLC no autoriza que el territorio nacional sea usado con ese propósito. Tampoco lo impide. Ello porque no compete al TLC hacer ni lo uno ni lo otro. Es potestad de cada país definir si permitirá o no la fabricación, depósito o tránsito de armas. Así, corresponde a Costa Rica –mediante reforma constitucional, ley o decreto, según sea más pertinente– tomar una decisión al respecto.
Hasta hace poco tiempo no se había expresado en la opinión pública interés de legislar en ese sentido. En estos momentos, algunos han manifestado su preferencia porque así sea. Es sano que el país debata al respecto pues es un tema importante. Sin embargo, es primordial que, al llevar adelante esa discusión, todos tengamos claro que el TLC nada tiene que ver con ella. Repito: ni este tratado ni ningún otro acuerdo comercial suscrito por el país afectan la potestad regulatoria de Costa Rica en la materia.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.
Escuchar