Las deficiencias técnicas en la construcción o reparación de carreteras, nacionales o municipales, forman parte del anecdotario costarricense. El informe de la Contraloría General de la República sobre seis proyectos en diversos lugares del país, del que informamos ayer, así lo confirma. No podemos explicarnos cómo, pese a tantas y tan serias denuncias contra las empresas constructoras de carreteras, durante tanto tiempo, estas sigan incurriendo en las mismas fallas y hasta incumplan normas o prácticas técnicas elementales.
Se han descubierto irregularidades en obras tan simples como la rehabilitación o mantenimiento de vías en San José, o en la construcción de carreteras en lugares alejados, como si los atrasos y las fallas fueran la norma y no la excepción. Carreteras, como la de Tárcoles-Jacó o Jacó-Loma, que debieron entregarse hace más de un año, aún no se han concluido y los sobrecostos son muy elevados. En la costanera sur una simple inspección de los técnicos de la Contraloría descubrió diversas fallas poco después de la reconstrucción del pavimento. Tampoco esto es novedoso. Ha habido carreteras que han presentado un evidente deterioro el mismo día de la inauguración. Las firmas constructoras aducen que las afecta la lentitud en los trámites burocráticos pero el MOPT sostiene que estas no presentan la información completa. Este intercambio entre este ministerio y las empresas es también de vieja data. El hecho de que la Contraloría haya comprobado errores técnicos en la rehabilitación de la vía contigua a esta institución parece una nota de humor pero dice mucho de esta, al parecer, interminable tortura nacional.
Reconocemos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se ha esforzado, pese a la exigüidad de los recursos, en rehabilitar diversas vías públicas. En esta materia se ha avanzado notablemente. No obstante, tal como lo denunció profusamente esta cartera en los últimos años de la administración anterior, las empresas constructoras deben modificar radicalmente sus métodos de trabajo. El MOPT debe, asimismo, intensificar los controles, como se desprende del informe de la Contraloría, y deben imponerse sanciones a las empresas que no cumplen fielmente el contrato. Aún más, deben documentarse, en cada proyecto, las irregularidades cometidas por estas. Esta es una elemental salvaguardia en beneficio de los contribuyentes y de los usuarios. No es posible que empresas denunciadas en otras oportunidades sigan participando en las licitaciones y sigan gozando de adjudicaciones, cuando aún tienen proyectos pendientes por atraso o por un trabajo ineficiente.
El daño económico causado a la economía nacional por la construcción o rehabilitación ineficiente de carreteras sobrepasa toda medida. En este campo el Estado ha incurrido también en grave incumplimiento. Es cierto que la red vial ha colapsado y que el espectáculo que nuestro país ofrece es realmente penoso. Sin embargo, en este cuadro de subdesarrollo vial tienen una responsabilidad directa las empresas constructoras y el Poder Ejecutivo. ¿Resulta explicable que, en este recuadro nacional y municipal de incumplimientos, durante tanto tiempo, la responsabilidad siempre se haya esfumado, se sigan cometiendo los mismos errores con pasmosa indiferencia o frescura, y se sigan dando las mismas justificaciones sin que nada pase? El informe de la Contraloría que aquí comentamos y el reportaje que sobre el particular publicamos es solo un episodio entre muchos de un larguísimo historial. ¿Cuándo será el epílogo?
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