Renovar las estructuras y formas de participación y organización desde las comunidades locales para la gestión ambiental es una aspiración compartida en nuestro país y es un proceso necesario para fortalecer los logros alcanzados y abordar oportunamente la conflictividad socioambiental creciente. Pero, no bastan leyes, interpretaciones, reglamentos o la existencia de instituciones; la sostenibilidad ecológica y socio económica sólo se puede lograr con la participación y vigilancia efectiva de la sociedad civil organizada. Para fortalecer esta visión sugiero negociar lo siguiente.
1. Etica ambiental integral. Estimular la identidad de las diversas culturas locales y regionales, a partir del reconocimiento y apropiación naturales y de biodiversidad en sus territorios. El enlace sistemático de distintas visiones locales tiene en común la vida cotidiana que ocurre en espacios determinados, cuyas riquezas pueden potenciarse mediante formas genuinas de comunicación y desarrollo de sinergias para recuperar los valores propios, mejorar la educación, la capacitación, la información y especialmente, para recuperar conocimientos, aprendizajes e innovaciones autóctonos, al mismo tiempo que se propicia un acercamiento crítico al desarrollo científico y tecnológico generado en otros ámbitos. Una ética ambiental integral pone en claro los principios de relación humana, los derechos de uso, acceso, control y preservación de los recursos naturales y de biodiversidad, así como las formas de organización para el uso colectivo o patrimonial, y también, los contenidos y las formas de apropiación privada de los bienes de la naturaleza.
2. Institucionalidad ambiental. Gestar una institucionalidad ambiental coherente, con incidencia política y organizativa realmente descentralizada, ágil y flexible, adecuada a la realidad local y regional. Antes que una formalidad abstracta, la gestión institucional es una relación social, donde las comunidades locales organizadas e informadas de sus derechos y deberes tienen capacidad de asumir y crear su propia normativa ambiental y diseñar sus estructuras organizativas. Para ello, debe ocurrir una transferencia real y efectiva de responsabilidades, de poder y toma de decisiones que permitan valorar el uso, el acceso y la investigación de la situación de los recursos naturales, económicos y sociales, así como las vías o mecanismos de gestión ambiental. De esta manera, la participación activa, abierta y organizada -sin manipulaciones políticas y tecnocráticas-, es un proceso de cultura cívica para "apoderarse" de los recursos y de las relaciones sociales, con resultados concretos y prácticos, en distintos niveles. El sentido de localidad opera entonces como garante de los intereses comunales y como mecanismo de control del patrimonio ambiental colectivo, de la rendición de cuentas hacia las comunidades y desde, ellas y de la distribución de incentivos. Es necesario aclarar colectivamente los términos de incidencia de los diversos actores sociales, a la luz de una dinámica incluyente de las distintas ópticas que se comprometen a concertar agendas de conservación y desarrollo de la biodiversidad con visión de futuro, en los planos locales, nacionales y supranacionales.
3. Representación legítima. Incluir una representación legítima en la realización y el seguimiento de auditorías efectivas por parte de comunidades locales en los procesos de elaboración de procedimientos y mecanismos nacionales, regionales y globales, derivados de la adhesión gubernamental a convenios internacionales ambientales, de comercio de recursos naturales y elementos de la biodiversidad agrícola y silvestre. Esto debe garantizarse mediante la coordinación y canalización de recursos que puedan ser manejados directamente por las organizaciones de base para estos fines, teniendo en cuenta que la mediación institucional se limita a facilitar procesos y enlaces.
(*) Doctora en Estudios del Desarrollo. Catedrática en la Universidad Nacional.
Escuchar