Como si fueran poco el caos, la violencia, divisiones, luchas fratricidas y muertes que han golpeado a los palestinos durante varios meses, algo peor ha sucedido en los últimos días: una sangrienta, aunque breve, guerra campal entre el grupo radical islámico Hamás y el más moderado y laico Fatá, que ha conducido a que el primero tome el control militar de la zona de Gaza y declare la llegada a ella de la “ley y la justicia islámica”. En respuesta, el presidente Mahmud Abbás disolvió el frágil Gobierno de “unidad nacional”, hasta ahora dominado por Hamás; nombró un nuevo primer ministro, en sustitución de Ismail Haniyed, a quien destituyó; declaró estado de emergencia, y anunció que gobernará por decreto hasta que las condiciones sean propicias para convocar a elecciones.
Sus rivales, sin embargo, rechazaron las medidas. Como resultado, la virtual disolución de la Autoridad Palestina es un hecho y las expectativas para el futuro inmediato se presentan en extremo delicadas. De nuevo, el costo lo pagarán, mayoritariamente, los civiles.
Al igual que otras erupciones de violencia ocurridas desde que, hace 15 meses, Hamás se impuso sobre Fatá en las elecciones legislativas palestinas, todo comenzó por el intercambio aislado de disparos entre ambos grupos. Pero el desenlace, esta vez, ha sido mucho más grave. Tras el lanzamiento de cohetes contra la casa de Haniyed, por parte de las fuerzas leales al Presidente, Hamás respondió con una arremetida brutal, que no se detuvo hasta asesinar o forzar la huida de Gaza de los principales dirigentes militares de Fatá e, incluso, tomar la sede de la Presidencia.
Por esto, a la división territorial del incipiente Estado palestino, entre la reducida franja de Gaza y Cisjordania, se añade ahora una fractura política y militar casi irreconciliable. Hamás está en total control del primer territorio, y su líder, Ismail Haniyed, se niega a aceptar su cese como primer ministro. Fatá, en cambio, domina en el segundo, donde aún hay presencia militar israelí. Desde esa posición más segura, el presidente Abbás insiste en ejercer sus derechos como jefe del Estado, de lo cual es reflejo la formación de un nuevo Gobierno y el nombramiento del hasta ahora ministro de Finanzas, Salam Fallad, como jefe del Gobierno.
Lo único positivo de esta crisis es que, lejos de ser una guerra civil, que enfrente al grueso de la población palestina, se ha tratado, hasta ahora, de una lucha de facciones; Israel, además, ha permanecido al margen. Los sufrimientos para la población de Gaza, sin embargo, han sido inmenso, y la gran pregunta, ahora, es qué podrá seguir. Lo más probable, por desgracia, es más violencia.
A mediano plazo, para Hamás será casi imposible sostener su actual posición, por falta de capacidad económica y administrativa, y por el rechazo absoluto de Estados Unidos, Europa y los principales Gobiernos árabes. Fatá y el presidente Abbás, en cambio, disponen de recursos, apoyo externo y del marco constitucional que da legitimidad a sus medidas. Es decir, el tiempo parece jugar en contra de los más extremistas. Pero existe la inquietante incógnita de qué harán entre tanto y de qué medios se valdrán para sostenerse en el poder de Gaza por el mayor tiempo posible.
En este contexto, la posibilidad de que Hamás opte por una renovación de sus ataques terroristas contra Israel, con apoyo de regímenes como el de Irán o Siria, es un riesgo tangible. También es posible que, para doblegar cualquier rechazo de la población, opte por la violencia y el terror indiscriminado. Cualquiera de estos dos cursos de acción sería funesto.
Desgraciadamente, por ahora no hay condición alguna para buscar un arreglo negociado a lo que, sin duda, es la más sangrienta ruptura palestina en varias décadas. Sin embargo, con mayor razón se impone una activa y concertada gestión internacional, que abra vías para la salida pacífica o, al menos, limite los costos humanos del conflicto e impida una escalada mayor.
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