No tengo idea clara de por dónde entró en nuestro país la expresión que clasifica a la gente, como la cosa más natural del mundo, en ganadores y perdedores. Puede que la hayamos recibido y generalizado a partir de socorridos manuales de economía, que transmiten posiciones de escuela como si se tratase de verdades indiscutibles. Puede que nos haya venido a caballo de series televisivas o de producciones de Hollywood, que transmiten el supuesto "sentido común" de una cultura, que no es la nuestra, para la cual hay que ponerse "vivos" en la sociedad actual, pues quienes no lo son evidentemente pertenecen a los "nacidos perdedores". Pero no todo es desafortunado en esta clasificación. Porque refleja también cómo se va cobrando más conciencia o se va extendiendo más la que ya se tenía, de que las políticas económicas, los tratados de libre comercio y otras decisiones gubernamentales, de hecho, producen ganancias para unos y pérdidas para otros. No por mala voluntad sino porque la dinámica mercantil, dentro del marco político e institucional existente, no apunta a resolver los problemas de inequidad existente en ingreso, riqueza, capacidades y libertades.
Respetable idea. Desde hace tiempos, enfrentando el reto de la desigualdad, gobiernos y organismos internacionales han venido enfatizando la idea de la compensación. Así se han puesto en práctica las políticas sociales y las instituciones propias de ese sector, con una función compensatoria, teniendo en mente los grupos más desfavorecidos, los que resultan más "perdedores" en cuanto al disfrute de resultados de la dinámica económica. Más recientemente, en el país ha surgido la respetable idea de un autorizado analista, que propone la posibilidad de extender lo establecido en la Ley de administración pública respecto a la responsabilidad estatal por daños causados por una ley, para compensar, por ejemplo, a quienes se vean afectados por un tratado de libre comercio. Vale la pena continuar la exploración propuesta en esa dirección por don Francisco Chacón ( El Financiero , 15-21/6/02) y desarrollar la discusión al respecto. Sin embargo, los aspectos implicados por esta problemática van todavía más allá.
Respeto a valores. Por una parte, un debate a fondo de estos conflictos aunque requiere la consideración legal, no se limita a ella. Lo que está en juego no es solamente el quebrantamiento de leyes sino, de manera más fundamental, el respeto a valores éticos claves para el desarrollo personal y la convivencia. Por otra parte, una limitación de los análisis tradicionales del efecto desigual de las políticas económicas radica en la preocupación prácticamente exclusiva que se tiene por el nivel de resultados. Es decir, no suele examinarse qué tipo de condicionantes del proceso de elaboración de dichas políticas pueden estar contribuyendo a generar los problemas. Hasta las estadísticas nacionales e internacionales en uso apuntan a medir la inequidad y la desintegración social producida dentro del marco de la estrategia económica vigente, pero nada más. No se "mide" ni se clasifican los países o gobiernos por el grado de participación que los sectores ciudadanos tuvieron en la definición de las políticas económicas. Ni se analiza, con anterioridad a su puesta en práctica, en qué medida cada una de ellas va a afectar a los diversos estratos sociales y a las relaciones entre los mismos. Y todo esto podría mostrarse como una deficiencia tanto técnica como ética, por cuanto establece rigideces en los resultados inmediatos y en las tendencias de más largo plazo.
Análisis cambiante. Sin embargo, aunque esas limitaciones han sido hasta recientemente características del manejo de la economía, pareciera que de manera acelerada el marco de análisis se está transformando. Al menos en el plano internacional, los analistas empiezan a darse cuenta de que es cada vez menos posible la realización de objetivos de eficiencia, si se les separa de los de equidad, legitimidad y gobernanza. Los debates recientes en torno a la Organización Mundial del Comercio son un ejemplo ilustrativo en este sentido.
Con este telón de fondo, la institucionalización de procedimientos de diálogo, para lograr una participación ciudadana ordenada en la definición de las políticas públicas, sería una vía inteligente para fortalecer la deliberación en nuestra democracia. Con ello se lograría una salvaguarda para una paz social que, ciertamente, no se mantendrá con la aceptación conformista y a priori de la existencia de ganadores y perdedores.
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