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Rescindir el contrato con Oirsa "podría ser una salida", declaró el ministro de Produc- ción, Alfredo Volio. "Podría", no. Aquí, rescindir el contrato debe ser la salida.
Si este Gobierno pretende seguir la "ruta ética" que pregonó en campaña, lo correcto es dar por terminado el acuerdo con Oirsa por el incumplimiento del contrato: fumiga con agua en las fronteras, pero cobra $3,50 por aplicar un "insecticida".
Tal burla es inaceptable, y el Gobierno (hasta ahora la Casa Presidencial no dice una palabra), si la tolera, será cómplice de este y otros casos parecidos.
La gravedad de lo que ocurre es para que ya la Presidencia de la República haya dado una señal de qué va a pasar con Oirsa, de si habrá una investigación oficial, pero delegó el asunto en el ministro Volio, quien en sus primeras declaraciones demostró poca preocupación.
Tanto así que la posibilidad de sanciones es incierta porque, entre una respuesta corta y otra larga, Volio minimizó el hecho de que los dueños de autos y camiones resultan engañados pues le pagan a Oirsa ¢1.470 millones al año por el "servicio".
Un servicio que ni siquiera se sabe si es eficaz porque desde el 2003 hay informes de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que califican de "innecesaria" la fumigación y advierten que no hay sustento científico para indicar si frenan las plagas.
Lo procedente, entonces, es "fumigar" del país -y no con agua- al Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), porque ya el legajo de cuestionamientos se abultó.
Primero, Oirsa se negó a darle cuentas a la Contraloría General de la República de cómo gastaba el dinero que recauda en nuestro país; luego se supo que era como una "caja chica" del MAG pues pagaba desde bocadillos y viajes hasta monturas de caballo y carros al ministro y viceministro en el gobierno de Abel Pacheco.
Es más, para este año, Oirsa puso a disposición del despacho del Ministro fondos de uso discrecional por $190.000, gastos que nunca pasarán por la Contraloría, pese a que esta insiste en la necesidad de fiscalizarlos. Tal práctica no es transparente y se presta para abusos.
Los cuestionamientos, a todas luces, exigen que el Gobierno de Óscar Arias sea riguroso con Oirsa porque, si le tolera que fumigue con agua, ¿qué más estará dispuesto a consentir a esta y otras entidades?
