Al Tribunal Supremo de Elecciones le parece sumamente provechoso que, en torno a la reforma electoral que debe terminar de definir la Asamblea Legislativa, se produzca el más amplio debate y que en él intervengan diversos sectores sociales del país y pensadores de todo el espectro ideológico. No podría ser de otra manera, puesto que el mismo Tribunal ha fomentado este tipo de espacio de discusión, con motivo del proceso de elaboración de su anteproyecto de ley, que en pocas semanas pondrá en conocimiento del órgano parlamentario.
Por ello mucho nos complace que intelectuales de la talla de don Francisco Escobar al que incluso hemos invitado a participar en una de las actividades de ese proceso y don Kevin Casas lleven a las páginas de La Nación la forma diversa en que evalúan la democracia costarricense y el papel que han desempeñado nuestras elites políticas, aunque bajo el denominador común de la búsqueda de oportunidades de profundización democrática y de ámbitos fecundos de participación ciudadana institucionalizada. Y está bien que confronten ideas con hidalguía y franqueza, para marcar con claridad la diversidad de sus enfoques y propuestas resultantes.
Llevado por la pasión. Sin embargo, no podemos dejar de pronunciarnos públicamente sobre una afirmación hecha en el artículo que, suscrito por don Francisco, aparece en la edición del pasado sábado 10 de mayo. El autor, dejándose arrastrar por la pasión del debate, de manera impropia deja entrever que el fraude electoral ha existido en el pasado reciente de nuestro país y que el Tribunal ha jugado el triste papel de "absolverlo".
Don Francisco: ese supuesto fraude electoral significaría que en Costa Rica, en virtud de ardid o engaño, se ha escamoteado la voluntad popular y que hemos tenido gobernantes que no han gozado del favor electoral mayoritario de la colectividad, con la complicidad de quienes han integrado el órgano electoral. Usted le debe a ellos y al resto de los costarricenses una explicación sobre tan temerarias afirmaciones, que de ser ciertas justificarían un enjuiciamiento penal. De lo contrario, exigen una disculpa de su parte.
Régimen paradigmático. Pese a sus imperfecciones y limitaciones, que ciertamente deben ser encaradas en la perspectiva de su reforma, el régimen electoral costarricense ha permitido desde hace más de 50 años procesos electorales transparentes, conforme lo han reconocido tirios y troyanos, dentro y fuera del país. Sus reglas fueron delineadas de tal forma que se garantizara que no se repitieran los tristes hechos del 48, gestándose a partir de ahí un régimen paradigmático en nuestro entorno político.
Dicha reforma, ciertamente impostergable, no se favorece precisamente ofendiendo la memoria histórica de los costarricenses, afectando sin fundamento alguno la honra de personas decentes que han integrado el Tribunal Supremo de Elecciones y con ello el prestigio de esta institución y el merecido respeto que internacionalmente se le ha reconocido en 50 años de existencia.
(*) Presidente; (**) Magistrados
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