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El hallazgo de tumbas comunes clandestinas en Nicaragua ha exacerbado el debate político en este país y delatado, una vez más, la verdadera naturaleza del pasado régimen sandinista.
Pareciera atrevido atribuir estas matanzas al anterior gobierno de Daniel Ortega, hoy candidato a la presidencia de la República, pues ningún tribunal o grupo de expertos ha confirmado su responsabilidad. Sin embargo, en nuestra información de ayer sobre este tema se encuentran suficientes indicios y pruebas para no dudar de su autoría: los cuerpos de seguridad del gobierno presidido por Daniel Ortega.
Las fosas descubiertas recientemente son tres: los cementerios de Morokón, de Bluefields y de San Juan de Limay. Otras 12 fueron descubiertas anteriormente en Murra (14 esqueletos), Quilalí (24), San Juan de Río Coco (5), Estelí (restos aún sin contar), Jinotega (fosa sin desenterrar), Masaya (cantidad desconocida), Masatape (13 cadáveres), Wililí (10 esqueletos), Bijagua (40 cadáveres). He aquí un inventario monstruoso, cuyos autores no deben quedar impunes ni por el temor de "revivir los odios del pasado", como se ha dicho, ni por las represalias del sandinismo ni por actual campaña electoral.
¿Puede dudarse de la responsabilidad de esta violación en masa de los derechos humanos? En primer lugar, debe tomarse en cuenta la naturaleza ideológica del régimen sandinista, que sometió a la sociedad y al propio Estado a un control implacable. En estas condiciones ofende el sentido común suponer que estos asesinatos y estas fosas comunes pudiesen haber escapado a la decisión del régimen sandinista, máxime que fueron cometidas por su grupo más cercano y privilegiado: los cuerpos de seguridad.
Tampoco Daniel Ortega o los suyos han podido aportar en descargo un solo argumento atendible. Por el contrario, la suya es la más pobre de las defensas, aquella que, entre líneas, acepta la propia responsabilidad, pues solo ha atinado a acusar a sus adversarios políticos y al periódico La Prensa de somocistas y de la comisión de parecidos crímenes. Según este criterio, la perversidad del régimen somocista libera de culpa al régimen sandinista, lo que, en buena lógica, significa que ambos se parecen por sus atrocidades y el enemigo de ayer del sandinismo es hoy su mejor aliado: su defensor.
Culpan también directamente al régimen sandinista y en él a Daniel Ortega y a su equipo tanto la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que ha investigado a fondo estos crímenes del sandinismo, como los numerosos familiares de los desaparecidos, testigos inapelables de una de las más graves violaciones de los derechos humanos en la historia de Centroamérica. Todos ellos claman justicia.
El régimen sandinista se apropió de la vida de centenares de seres humanos y expropió la libertad y el progreso de un pueblo con el mismo ímpetu con que se apoderó de los bienes materiales de numerosos nicaragüenses. Hoy, con un discurso truculento, pretende, de nuevo, conquistar el poder. La elección presidencial del próximo 20 de octubre en Nicaragua adquiere así un significado especial.
