Hubo un tiempo en el que las democracias caían por golpes militares. Un amanecer de tanques, un general en la radio, una Constitución suspendida. Era brutal, pero al menos era reconocible. Hoy, el proceso es más silencioso y, precisamente por eso, más peligroso.
La tesis que ha reorganizado el pensamiento político de las últimas dos décadas es incómoda: las democracias contemporáneas no son derrocadas, son desarticuladas y vaciadas. Y quienes las vacían llegan al poder por votos.
En 1997, el periodista y politólogo Fareed Zakaria publicó The Rise of Illiberal Democracy. Su argumento era quirúrgico. Durante siglos, confundimos dos cosas distintas: la democracia (el mecanismo de elección por sufragio) y el liberalismo constitucional (el conjunto de límites al poder que protegen derechos frente a las mayorías). Hoy un gobierno puede ser elegido democráticamente y destruir la independencia legislativa y judicial, silenciar a la prensa y perseguir opositores, todo mientras invoca el mandato popular como escudo. A ese régimen, Zakaria lo llamó democracia iliberal, y predijo que sería la forma política dominante del siglo que comenzaba.
La autopsia de una institución viva
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2018), añadieron el mecanismo concreto. Las democracias actuales rara vez mueren de un golpe: mueren de erosión. El líder elegido –con las reglas del juego en la mano– comienza a modificarlas. Primero, captura las instituciones árbitro: nombra a personas leales en los tribunales, en los órganos electorales, en las fiscalías. Luego, usa esas instituciones capturadas para hostigar a la oposición con pretextos legales. Finalmente, neutraliza los medios independientes, combinando presión regulatoria con compra por grupos afines.
Cada paso parece menor. Ninguno, visto en aislamiento, parece suficiente para levantar la voz de alarma. Cuando la sociedad reacciona, las instituciones de contrapeso ya no existen para protegerla. La democracia ha pasado a ser un régimen autoritario.
Esos autores identifican cuatro señales de alerta que deberían reconocerse en cualquier líder: 1) rechazo a las reglas del juego democrático, 2) negación de la legitimidad de los adversarios políticos, 3) tolerancia o fomento de la violencia y 4) disposición a restringir libertades civiles de opositores y periodistas. No son señales de golpismo; son signos de autocratización gradual.
La diferencia es que el golpista actúa rápido y desde afuera del sistema. El autócrata moderno actúa despacio y desde adentro. Y no viste traje de fatiga, sino uno de diseñador propio de ejecutivos.
El pueblo como argumento
Yascha Mounk, en El pueblo contra la democracia (2018), agrega la pieza que cierra el rompecabezas: la retórica. El líder iliberal no se presenta como enemigo de la democracia; se presenta como su forma más pura. El argumento funciona así: los jueces no son elegidos, los periodistas responden a intereses extranjeros, los organismos internacionales traicionan la soberanía nacional. Solo él encarna la voluntad auténtica del pueblo. Cualquier institución que lo limite es, por definición, un obstáculo oligárquico al mandato popular.
Es una inversión conceptual tan elegante como peligrosa: las garantías que protegen a las minorías y controlan al poder se convierten en enemigas de la democracia. Y quienes las defienden son enemigos del pueblo.
Ello resulta en una taxonomía del retroceso democrático y muestra que este patrón no es teórico. Hungría bajo Viktor Orbán es el laboratorio más estudiado y todo ocurrió mediante procedimientos formalmente legales. La teórica legal Kim Lane Scheppele lo llama “autocratización constitucional”: usar el derecho para destruir el constitucionalismo.
Venezuela representa el ejemplo latinoamericano del espectro. Lo que comenzó como democracia iliberal derivó en autocracia abierta. Las elecciones de 2024 ilustran el punto terminal: resultados proclamados sin actas, opositores exiliados o presos, observadores internacionales desacreditados por decreto. La fachada electoral se conserva, porque otorga una legitimidad que el régimen necesita aunque ya no merezca.
Lo que está en juego
El dato más inquietante lo ofrece el proyecto Varieties of Democracy, de la Universidad de Gotemburgo. En 2025, el número de autocracias llegó a 91, el nivel más alto desde 1986. No porque los golpes militares hayan regresado –son comparativamente raros–, sino porque la erosión gradual ha demostrado ser más eficaz y difícil de revertir.
Levitsky y Ziblatt señalan que la democracia requiere, más que instituciones formales, lo que llaman normas no escritas. La tolerancia mutua entre adversarios políticos y la contención institucional; es decir, la disposición a no usar todas las herramientas legalmente disponibles, aunque se tenga mayoría para hacerlo. Cuando esas normas se erosionan, los marcos formales suenan huecos. El problema es que, una vez erosionadas, son extraordinariamente difíciles de reconstruir.
La lección más dura de este cuerpo de literatura es que la democracia no se defiende solo en las elecciones. Se defiende –o se pierde– en las decisiones cotidianas sobre a qué instituciones se respeta, a qué líderes se les exige rendición de cuentas y cuándo se reconoce que una señal de alarma merece ser tomada en serio antes de que sea demasiado tarde.
Los tanques ya no son necesarios. Basta con la paciencia suficiente y un abogado constitucionalista dispuesto a redactar las reformas correctas, que se subordine a los intereses de su líder autoritario y “pequeña nueva élite”. Es lo que se observa hoy en todo el Istmo centroamericano.
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Carlos Murillo Zamora es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA).