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Dentro de escasos días, Costa Rica irá una vez más a las urnas. Pero esta vez votaremos por el clima moral del poder: vamos a decidir si premiamos nuestra fortaleza democrática o si, por el contrario, normalizamos el bochinche continuo, los embustes y la farsa teatral como método de gobierno.
Me inquieta mucho el precedente que deja la administración saliente. Gobernar es construir confianza; sin esta, la ley se vuelve solo letras y palabras, y la institucionalidad, pura decoración.
Ante esta disyuntiva, vale analizar: innegablemente, en estos años, el conflicto permanente ha sustituido con demasiada frecuencia al diálogo, y el pleito, al argumento. Ha sido una erosión diaria de nuestro loado sistema de contrapesos.
Hay un punto que considero muy revelador: es el insistente pedido de la candidata oficialista y su equipo a no quebrar el voto, no votar únicamente para la Presidencia, sino también para la Asamblea Legislativa, con el objetivo declarado de obtener “40 diputados”. Si eso llegara a suceder, permitiría someter el aparato del Estado a una remodelación exhaustiva que alcance al Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Elecciones, incluyendo, de paso, todas nuestras más preciadas instituciones, como la Contraloría, la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera.
De esa manera–como ya ha ocurrido en otros países– se debilitan los límites, se desdibujan las garantías y se configura, en esencia, una dictadura. Y una vez establecida una dictadura, la democracia quedaría únicamente como un recuerdo.
Un episodio lo resume con crudeza: el ataque reiterado al Poder Judicial. Pretenden hacer aparecer a la justicia como si fuese la enemiga, cuando sabemos que es la columna vertebral de un Estado de derecho.
Se usa el fuero presidencial como una muralla cada vez que la institucionalidad intenta investigar. Recordemos: la Asamblea Legislativa ya rechazó levantar la inmunidad del presidente en el caso BCIE-Cariñitos y, más recientemente, también bloqueó el levantamiento solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones por presunta beligerancia o interferencia electoral. De esta manera se desacredita a los jueces cuando incomodan, pero se invoca la legalidad cuando conviene.
La propuesta oficialista promociona el continuismo como virtud. Su candidata, Laura Fernández, ha dicho que haría todo lo posible para que el actual mandatario sea el ministro de la Presidencia. Eso alimenta la sospecha de un poder que busca, sencillamente, perpetuarse.
Tampoco ayuda la “estrategia” de doña Laura de evitar escenarios exigentes. Su campaña ya confirmó que no asistirá a debates como el de canal 7. Y cuando participó en la actividad organizada por el TSE, medios le señalaron datos inexactos. También La Nación documentó afirmaciones falsas en una verificación posterior.
En una campaña, la credibilidad es básica; sin ella, lo que queda es mera propaganda vacía.
En mis más de ocho décadas de existencia, nunca había presenciado ataques tan incisivos y peligrosos a nuestra democracia.
De ninguna manera pretendo sembrar desesperanza; por el contrario, hago un llamado urgente a la acción. Porque la democracia no muere de golpe: se desgasta. Se erosiona cuando el ciudadano deja de verificar; cuando el fanatismo reemplaza la evidencia; cuando el adversario se convierte en enemigo y el poder se vuelve el propósito final. Es así como se configura la desaparición de nuestra laureada democracia.
Definitivamente, no es ese el país que quiero heredar a mis hijos y nietos. Costa Rica tiene todavía defensas: nuestro Tribunal Supremo de Elecciones es robusto, una buena parte de la prensa es vigilante y la mayoría de los ciudadanos son capaces y educados.
Hoy, a las puertas del voto, exijamos el debate, rechacemos la desinformación, defendamos los contrapesos y votemos sin miedo, pero con lucidez. Repito: hay que salir a votar. La cuerda floja no es el destino: es solo una advertencia.
jaime.feinzaig@icloud.com
Jaime Feinzaig es cirujano dentista.
