Los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, alzaron las alertas sobre una emergencia ineludible: la violencia sexual contra niñas, y especialmente contra las adolescentes, permanece sin señales de reducción y es potenciada en nuevos escenarios digitales.
Este fenómeno se sustenta en normas sociales y culturales que la normalizan y se ha amplificado con nuevas herramientas digitales, poniendo en jaque la suficiencia de la arquitectura de prevención y protección de derechos del país.
En 2024, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió 94.240 denuncias de abuso que involucraban a 125.709 niñas, niños y adolescentes. De ellas, 4,5 denuncias al día tenían que ver con sospechas de relaciones impropias. Por su parte, datos de la Caja Costarricense de Seguro Social registraron más de 1.000 atenciones anuales por abuso sexual en servicios de Emergencias entre 2023 y octubre de 2025, con mayor concentración en las provincias de Alajuela, San José, Puntarenas y Limón.
De estas, el 84% fueron casos de niñas y adolescentes mujeres de todo el país: por cada adolescente hombre atendido, más de 11 adolescentes mujeres enfrentaron esta forma extrema de violencia.
Las edades más afectadas –de 13 a 14 años– evidencian una vulnerabilidad crítica en una etapa marcada por desigualdades y por la exposición a viejas manifestaciones de violencia en los espacios que deberían garantizarles seguridad.
Lo que sucede en el mundo digital tiene consecuencias en la vida real. Los casos de grooming, sextorsión, ciberacoso, manipulación de imágenes sin consentimiento o la difusión de material de explotación sexual infantil, afectan su desarrollo integral y sus consecuencias se extienden a lo largo del curso de vida.
Tienen un impacto en la salud mental, hasta llegar –en casos extremos– al suicidio, y la violencia en línea puede escalar a la vida real a través de abusos sexuales, violencia física y sexual, con el femicidio con su consecuencia más trágica. Todas estas situaciones dejan huellas de dolor en las personas menores de edad, sus familias y la sociedad.
Este es un fenómeno global que exige a los Estados renovadas capacidades de prevención, regulación, investigación y protección que evolucionen con la misma velocidad que los riesgos.
Costa Rica ya ha demostrado su liderazgo regional en protección de la niñez, pero la respuesta de familias, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, sistemas de protección e instituciones nacionales debe adquirir nueva escala de urgencia y coherencia, y tener prioridad en la discusión electoral, así como en la estrategia digital y la agenda de prevención del país.
La protección no puede depender de la buena voluntad. El país necesita modernizar su marco legal en materia digital para responder a la violencia digital, proteger a las víctimas con mayor eficacia, asegurar sanciones, y garantizar la participación comprometida del sector privado, particularmente de las plataformas digitales, con base en los estándares internacionales.
Los centros educativos y los servicios de salud deben consolidarse como un espacio seguro y protector para cada niña, niño y adolescente. Esto implica contar con protocolos claros, equipos capacitados y estándares obligatorios de protección infantil que permitan identificar señales de riesgo y activar rutas de denuncia, atención y acompañamiento para el acceso a la justicia.
En el plano territorial, las autoridades e instituciones de las regiones y cantones con mayor incidencia de casos de violencia requieren estrategias diferenciadas. Estas deberán fortalecer el tejido comunitario y ampliar los servicios y apoyos socioeconómicos para niñas y adolescentes sobrevivientes.
Finalmente, es indispensable que todas las organizaciones comunitarias, deportivas y basadas en la fe, que trabajan con niñas, niños y adolescentes adopten estándares obligatorios de protección infantil, que incluyan la educación para el uso seguro de las herramientas digitales y la prevención de toda forma de abuso o acoso sexual.
Cada caso de violencia sexual y violencia digital vulnera derechos individuales, profundiza las desigualdades, perpetúa la inseguridad y limita las aspiraciones de desarrollo sostenible del país.
Por ello, al cierre de los 16 días de activismo, en Unicef y UNFPA recordamos que cada esfuerzo dirigido a que las niñas y adolescentes crezcan libres de todo tipo de violencia, incluso en el mundo virtual, es la mejor inversión que puede hacer nuestra generación.
Yvette Blanco es representante de Unicef Costa Rica y Juan Luis Bermúdez es jefe de UNFPA Costa Rica.