EscucharRecientemente, la Presidenta de la República vetó el proyecto de ley número 17.342, que reformaba diversos artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
El proyecto referido, con el fin de facilitar al máximo el acceso de la población a la educación y a la cultura, estableció condiciones institucionales que podrían haber conducido a una expansión sin precedente de la duplicación y comercialización ilegales de diversos productos intelectuales, con el consiguiente perjuicio para sus autores y creadores y para las empresas que asumieron el riesgo de producirlos y publicarlos.
Ciertamente, el veto ha provocado un amplio repudio en las redes sociales por parte de diversos sectores vinculados con la enseñanza y, en particular, de los estudiantes universitarios, quienes prácticamente han equiparado el derecho a la educación con el derecho a fotocopiar. Tal equiparación, sin embargo, amerita ser reconsiderada.
Materiales en línea. Para empezar, una proporción considerable de las lecturas asignadas en los cursos universitarios se basa –o puede basarse– en revistas académicas que ya están en línea, a las cuales estudiantes y profesores tienen acceso gratuito. Este es el caso de la mayoría de las revistas publicadas por las universidades estatales, y de cientos de revistas latinoamericanas, europeas y estadounidenses.
De hecho, si algunos profesores universitarios tuvieran un mejor conocimiento de estos recursos, podrían asignar lecturas más actualizadas que aquellas basadas en libros a veces ya agotados o no publicados en el país (lo cual fomenta innecesariamente la cultura del fotocopiado).
Igualmente, se podría hacer un mejor uso de las revistas académicas en línea si los estudiantes tuvieran la capacidad de leer materiales escritos en inglés, condición que excepcionalmente se cumple en las carreras de bachillerato y licenciatura, y que apenas es satisfecha –aunque no sin dificultades ni reclamos – en los cursos de posgrado.
Libros. Con los libros, la situación es diferente. Dado el bajo precio de las fotocopias, casi siempre resulta más barato fotocopiar un libro que comprarlo, aun en el caso de los libros producidos por la industria editorial costarricense, cuyos precios son por lo general bastante accesibles.
A esta ventaja comparativa a favor del fotocopiado contribuyen los profesores universitarios de tres maneras adicionales: al asignar como lecturas obligatorias secciones de un libro y no el libro completo; al preparar antologías con materiales fotocopiados; y al no fomentar en sus estudiantes una cultura del libro y de la biblioteca personal como parte integral de lo que es la experiencia académica.
De los factores señalados, las antologías en particular tienen un doble inconveniente: primero, con la excusa de facilitar el acceso a las lecturas del curso, privan al estudiante del proceso de aprendizaje asociado con la localización de esos materiales; y segundo, a menudo las antologías incluyen capítulos de libros y artículos a los que ya se puede tener acceso en línea.
De esta manera, los estudiantes tienen que fotocopiar recursos que muy bien podrían consultar gratuitamente.
Brecha. Sin duda, hay situaciones que justifican la fotocopia de materiales con fines educativos; pero es claro que la cultura del fotocopiado pertenece, cada vez más, al pasado. De hecho, el llamado que equipara defensa del derecho a la educación y defensa del derecho a fotocopiar se hace en una época en que una proporción creciente de estudiantes, en lugar de fotocopiar, digitalizan los materiales que necesitan.
Antes que para condenar una vez más a Laura Chinchilla, el veto referido debería ser visto como una oportunidad para, en lo institucional, regular de la forma debida todo lo relacionado con productos intelectuales que crecientemente adoptan un formato digital; en lo comercial, para que las empresas –en particular las editoriales nacionales– empiecen a ajustarse a las nuevas tecnologías y demandas; y en los sistemas de información, para que las bibliotecas públicas, sobre todo las universitarias, actualicen las referencias de sus acervos documentales y bibliográficos para facilitar la consulta en línea de todos los materiales digitalizados.
Actualmente, en las universidades existe un doble sistema: por un lado, repositorios de materiales digitalizados, asociados generalmente con escuelas, centros (o institutos) de investigación y páginas de revistas especializadas; y por otro, los catálogos de las bibliotecas, que consignan esos recursos, pero no proporcionan el enlace necesario que permitiría la consulta en línea.
Puesto que comenzar a cerrar esa brecha sería una contribución fundamental para todo el sistema educativo costarricense (no solo para la enseñanza superior), el Gobierno podría impulsar una alianza estratégica entre el Consejo Nacional de Rectores y el Ministerio de Educación para que en los catálogos de las bibliotecas universitarias se introduzcan los enlaces correspondientes de todos los materiales ya digitalizados que pueden ser consultados gratuitamente.
