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Hay días en que el derecho internacional no falla: se esconde. Se eleva por encima de la sangre, se sacude el polvo de la historia y empieza a hablar un idioma limpio y fino, un idioma que ya no nombra cuerpos, ni exilios, ni hambre, sino procedimientos.
Ese día, un mismo coro de juristas respetables, expresidentes premiados, socialdemocracias europeas, progresismos latinoamericanos y una izquierda que se presenta a sí misma como conciencia moral, reaccionó con una inquietud perfectamente sincronizada ante la operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro y desató un intenso debate internacional sobre su legalidad.
La alarma no se activó durante años de fraude electoral. Se mantuvo en silencio cuando se vaciaron las urnas, indiferente cuando se llenaron las cárceles de disidentes, y cómoda cuando el exilio se volvió política pública. Es hasta ahora cuando vuelve a alzarse, advirtiendo de abusos y desproporciones.
Desde Costa Rica hasta Europa, desde América Latina hasta los foros multilaterales, se repitió la misma preocupación, con distintos acentos pero el mismo fondo. En ese coro estuvieron Óscar Arias Sánchez; el Frente Amplio, a través de la voz de Ariel Robles Barrantes, junto con Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Gustavo Petro, entre otros. No como un debate abierto, sino como un bloque que, en nombre del derecho internacional, puso el foco en la ilegalidad de la acción y no en la ilegitimidad acumulada del poder que la precedió.
Y aquí aparece la pregunta que incomoda porque no admite rodeos: ¿en qué momento la captura militar de un gobernante ampliamente cuestionado pasó a ser vista como moralmente más grave que los años de ilegalidad constante que ese régimen ejerció sin consecuencias reales?
Porque la legalidad que ahora se invoca con celo fue la misma que se estiró, se reinterpretó y se toleró mientras se destruían, paso a paso, las condiciones mínimas de la democracia. El derecho fue flexible con el poder y de pronto inflexible con el acto que interrumpió esa inercia. Se exigió pureza en el momento excepcional, después de haber aceptado la degradación constante del proceso normal.
No se defendió a las personas; se defendió el procedimiento; no se habló del ciudadano privado del voto, se habló de soberanía; no se habló del preso político, se habló de estabilidad antidemocrática.
Y así, el derecho habló claro, técnico, correcto, pero habló solo.
La confusión no es técnica. Es moral. Se confundió legalidad con legitimidad, como si toda norma mereciera obediencia incluso cuando ha sido tomada por quien gobierna sin límites. Como si elecciones sin decisión, tribunales sin independencia y constituciones sin efecto bastaran para seguir llamando democracia a lo que apenas conservaba la fachada.
Este reflejo no es casual. Es el resultado de una tradición política que nació para limitar el poder y terminó aprendiendo a gestionarlo. Una tradición que cambió la defensa del débil por el control del riesgo, el coraje por la cautela, la justicia por el equilibrio. Su deriva progresista, envuelta hoy en una estética de corrección constante, terminó de cerrar el círculo: mucha corrección en el discurso, ninguna voluntad de llamar dictadura a la dictadura mientras funcionaba.
Y, entonces, surge otra pregunta, más profunda, más incómoda: ¿cuándo decidió este bloque político que preservar el orden internacional era más urgente que proteger la libertad concreta de millones, y en qué momento se aceptó que el costo humano era tolerable?
Porque mientras este coro afinaba advertencias, más de siete millones de venezolanos abandonaron su país. No migraron por ambición; escaparon para sobrevivir. Médicos conduciendo taxis. Ingenieros apartados de su oficio. Niños aprendiendo a pronunciar su nombre con acento ajeno.
Y ninguna resolución supo qué hacer con ellos.
¿En qué artículo del derecho internacional cabe una vida que huye?
Nada de esto era desconocido. Las advertencias estaban escritas. El propio sistema interamericano había dicho, sin rodeos, que sin condiciones reales para ejercer los derechos políticos no hay democracia, que el voto no es adorno y que la persona es el centro. Pero ese conocimiento fue tratado como teoría, no como obligación. Como texto, no como mandato.
Y cuando parecía que todo estaba dicho, el bloque reapareció. Reapareció para volver a hablar del orden, de las formas, de los límites. Reapareció para someter a examen la operación militar de Estados Unidos y la captura de Maduro, mientras los años de represión seguían siendo tratados como contexto, como nota al pie, como exceso verbal.
Ese bloque, transnacional y bien entrenado en el lenguaje del derecho, no necesitó coordinarse, pensó igual. Pensó que el verdadero peligro no había sido el vaciamiento prolongado de la democracia, sino la ruptura excepcional del procedimiento. Pensó que la forma merecía más alarma que la destrucción sistemática de derechos. Pensó que el método debía preservarse incluso cuando ya no quedaba casi nada que proteger.
Ahí el círculo se cerró del todo. El derecho dejó de ser una herramienta para los vivos y se convirtió en refugio para quienes pueden esperar. Para quienes no cruzan fronteras. Para quienes no pierden el país bajo sus pies. El bloque no negó el sufrimiento; simplemente lo administró. No defendió la dictadura; la toleró mientras duró. No absolvió al poder; lo soportó en nombre de la estabilidad.
Y, entonces, la pregunta final ya no es jurídica ni diplomática, es humana: ¿qué vale más, el orden que reacciona tarde o la libertad que ya no podía esperar?
El derecho internacional es indispensable, pero no es sagrado. No le puede exigir paciencia eterna al expulsado, no puede convalidar el sufrimiento colectivo o silenciar a los agredidos para preservar la calma inmoral de los agresores.
La historia no juzga con bloques políticos, juzga con consecuencias. Y cuando vuelva a pasar lista, no preguntará quién respetó mejor el procedimiento, sino quién fue capaz de ver a las personas cuando el derecho prefirió ignorarlas.
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Abraham Stern F. es ciudadano costarricense, judío y humanista.
