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La pretensión de vender el Banco de Costa Rica (BCR) bajo el pretexto de aliviar la carga de la deuda pública no es una decisión financiera audaz, sino un síntoma de una preocupante miopía política que amenaza con desmantelar uno de los pilares del desarrollo nacional.
En la narrativa oficial, se nos intenta convencer de que desprendernos de un activo estratégico es la única vía para cumplir con los compromisos del Estado, especialmente con la deuda histórica hacia la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, este planteamiento encierra una contradicción lógica fundamental: proponer la venta de una de las instituciones más rentables y sólidas del país para cubrir pasivos corrientes es, en términos sencillos, devorarse las semillas para saciar el hambre de un solo día, convirtiendo un patrimonio vivo en una simple caja chica de corto plazo.
Desde una perspectiva macroeconómica, el BCR no es una carga, sino un motor generador de riqueza colectiva que opera con indicadores de eficiencia superiores a gran parte de la banca privada. A diferencia de otras instituciones estatales que requieren transferencias, el banco inyecta recursos vitales al sistema mediante utilidades que, por ley, sostienen el régimen de pensiones de la CCSS, el financiamiento educativo a través de Conape y el fomento cooperativo.
Privatizar esta entidad implica renunciar a un flujo perpetuo de ingresos sociales y provocar un desfinanciamiento directo de la movilidad social, todo a cambio de un pago único que, en el gran esquema de la deuda pública, representaría un alivio apenas marginal y efímero. Es un canje patrimonialmente ruinoso donde el país entrega su capacidad de generar bienestar futuro a cambio de un respiro financiero inmediato.
A esto se suma el mito de que la gestión pública es inherentemente inferior a la privada. El BCR desmiente esta premisa al competir y ganar en el mercado, demostrando que el Estado puede ser un administrador de excelencia.
Por ello, es imperativo cuestionar qué intereses reales se mueven detrás de este empeño por vender, pues la transacción parece diseñada para entregar una infraestructura robusta y una cartera de clientes envidiable a grandes grupos financieros, eliminando al competidor que hoy equilibra el mercado y evita el abuso en tasas y comisiones.
Al final del día, el Banco de Costa Rica garantiza que el servicio financiero y trámites esenciales como licencias y pasaportes lleguen a todo el territorio, una labor de banca de desarrollo que ninguna entidad movida exclusivamente por el lucro estará dispuesta a heredar.
Debemos entender con absoluta claridad que el Banco de Costa Rica es de todos los costarricenses y no de grupos financieros privados que buscan aumentar su riqueza personal a costa del patrimonio público. Entregar esta institución es renunciar a nuestra soberanía financiera para favorecer intereses particulares, sacrificando un legado de siglo y medio de éxito nacional en el altar de la ambición corporativa.
gcalderont2018@gmail.com
Guillermo Calderón Torres es contador público autorizado.
