EscucharEn las recientes pasadas elecciones en Uruguay se sometió a consulta de todos los ciudadanos una propuesta para rebajar la edad de la responsabilidad penal. El plebiscito pretendía una reforma a la Constitución y, así, bajar de 18 a 16 años la edad a partir de la cual se podría juzgar y condenar a los adolescentes como adultos.
La reforma constitucional impulsada por el Partido Colorado buscaba bajar la edad de la responsabilidad penal a 16 años en caso de delitos graves, como, por ejemplo, homicidios, lesiones graves, extorsión, secuestro y violación, entre otros. Los uruguayos rechazaron en las urnas esta propuesta, y la pretendida reforma constitucional fracasó: no alcanzó el 50% más uno de los votos para ser aprobada, pues el apoyo llegó solo al 45%.
Seguridad ciudadana. Lo interesante de este plebiscito es conocer qué motivó la realización de esta consulta ciudadana. En Uruguay, como en todos los países de la región, el tema de la seguridad ciudadana es de primer orden de importancia, lo mismo que la alarma social por el aumento del delito. Pese a que Uruguay es el país más seguro de América Latina, según el Global Peace Index 2014, el plebiscito surgió en un escenario de creciente inconformidad de la población en materia de seguridad ciudadana y aumento de delitos violentos, especialmente lo que en Uruguay llaman delitos de “rapiña”, asaltos, robos y crímenes relacionados con el narcotráfico. Además, desde luego, por la participación de personas menores de edad en este tipo de delitos.
El tema de la rebaja de la edad de la imputabilidad penal ha sido propuesto y debatido no solo en Uruguay, sino también en Perú, Ecuador y Panamá. También aquí, en Costa Rica, se propuso la rebaja de la imputabilidad penal hasta los 15 años en el proyecto de ley No. 17.615. Este proyecto posteriormente fue retirado de la corriente legislativa por su evidente inconveniencia e incompatibilidad con nuestro sistema legal.
Sin embargo, rebajar la edad de la responsabilidad penal no produce ni mayor seguridad ciudadana ni tampoco una disminución del delito. La incorporación de jóvenes en edades tempranas al sistema penal no solo resulta inconveniente, sino contrario al derecho internacional.
Uruguay, como todos los países de la región, son suscriptores de la Convención de los Derechos del Niño (1989), la cual obliga a los Estados parte a establecer un sistema de responsabilidad especial y diferente al de los adultos, cuando se acuse o alegue que los sujetos menores de 18 años de edad han infringido la ley penal. La tendencia en la región es establecer esta responsabilidad especial a partir de los 12 años y hasta los 18 años como es el caso de Costa Rica, Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y Honduras. Así, pues, 12 años de edad resulta el límite inferior aceptado por el Comité Internacional de los Derechos del Niño (Observación No. 10) para establecer cualquier responsabilidad especial, mientras que los 18 años es el límite superior estatuido por la Convención de los Derechos del Niño para la adquisición de la mayoridad.
Derecho adquirido. Rebajar la edad de la imputabilidad penal, como se proponía en el plebiscito, resultaba contrario a los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Es decir, existe una prohibición para el Estado contra la disminución de la protección ya acordada. Se puede considerar la definición de la edad para la adquisición de una responsabilidad penal plena (18 años) como un derecho adquirido y vigente, lo mismo que el derecho a que entre los 12 y menos de 18 años se establezca una responsabilidad especial y atenuada en comparación con los adultos. Por eso, no podrían establecerse limitaciones o derogaciones a los derechos ya reconocidos al incorporar un tratado internacional a la legislación interna.
De haber progresado el plebiscito, la reforma hubiera resultado contraria a la Convención de los Derechos del Niño, al afectar el derecho a la no discriminación, derecho reconocido también en otros instrumentos internacionales. Habría sido una medida discriminatoria porque afectaría el principio de igualdad, que obliga al reconocimiento de las diferencias entre niños y adultos. Precisamente, en esto se sustenta la obligación del Estado de establecer un régimen especial y diferente de juzgamiento para personas menores de edad.
El resultado del plebiscito era de esperarse en un país como Uruguay, que se ha caracterizado por ser un Estado progresista, democrático y respetuoso de los derechos humanos. El establecimiento de la edad mínima de responsabilidad penal debe estar acorde no solo con los estándares internacionales, sino también, sobre todo, con los objetivos del Sistema de Naciones Unidas, el cual establece como fin primordial la integración familiar y social de los adolescentes infractores de la ley penal, no la exclusión de esta importante población.
Factores de riesgo. La seguridad ciudadana es un valor social fundamental, pues todos los ciudadanos merecemos y también tenemos el derecho a vivir en seguridad y en paz. Pero esta seguridad y tranquilidad no se va a lograr ni rebajando la edad de la responsabilidad penal, ni aumentando el poder punitivo del Estado. Los políticos, o los que toman las decisiones, deberían concentrarse en la política social más que en la política criminal del Estado, especialmente en los factores de riesgo que se conocen, y que producen más delito y violencia en los jóvenes. Respecto a lo anterior, mencionaré solo tres de estos factores de riesgo: la violencia familiar, especialmente la violencia contra las mujeres y los niños; la deserción escolar, particularmente en el sétimo u octavo grado, cuando se inicia la adolescencia, y, por último, el trasiego de armas de fuego, sobre todo armas pequeñas y baratas con las que se cometen los delitos más graves como los homicidios.
La pregunta final sería por qué, si sabemos todo esto, resulta tan difícil ponerlo en práctica.
