Escuchar
Cuando tomo un taxi –o un Uber, en algunas ocasiones– y quedamos atrapados en alguna presa, con frecuencia escucho al chofer comentar: “Ya no se pueden traer más vehículos a Costa Rica. Todos quieren comprar carro y ya no cabemos”. Por supuesto, el problema siempre son los otros: los demás son quienes deberían renunciar a comprar un vehículo. Sin embargo, la solución al congestionamiento vehicular no pasa por restringir o prohibir la adquisición de automóviles; más bien, debe buscarse en el ejercicio eficiente de las funciones básicas del Estado moderno.
Hoy se le asignan al Estado múltiples funciones que no le corresponden propiamente, mientras se descuidan otras que son esenciales y que deberían fortalecerse. Tradicionalmente, se ha sostenido que al Estado le compete garantizar el orden y la seguridad nacional, administrar justicia y proteger la libertad individual y la propiedad.
En ese marco, el tránsito de personas y mercancías constituye un mecanismo indispensable para el ejercicio de las libertades de comercio y de empresa, así como de muchas otras libertades. No se trata únicamente de la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino de la obligación de realizar las obras necesarias para que ese tránsito sea posible y eficiente. Por ello, el congestionamiento vehicular –que encarece el comercio y dificulta el ejercicio de las libertades públicas– debe abordarse mediante una acción estatal eficaz que garantice la movilidad ágil de personas y bienes.
El Estado no solo está obligado a ejecutar la obra pública necesaria para facilitar ese tránsito; también debe gestionar o promover los servicios públicos que lo hagan viable. En consecuencia, le corresponde asegurar medios de transporte público ágiles, eficientes y de costo razonable.
En este punto, el Estado costarricense ha fallado. Ha establecido un sistema de concesión privada de rutas, definiendo tarifas y márgenes de ganancia para los operadores, pero sin promover mecanismos que garanticen la eficiencia del servicio ni incentivos para su mejora continua. Más bien, ha ocurrido lo contrario. Al regirse por el principio de “servicio al costo”, cuando el sistema pierde eficiencia, también pierde usuarios y, con ello, ingresos.
Esto impacta los costos de operación que, al aumentar, obligan a reducir la frecuencia y la calidad del servicio. Se genera así un círculo vicioso: los usuarios migran hacia opciones más caras, pero más confiables (taxi, servicios de plataforma o vehículo propio), lo que debilita aún más al sistema de buses. A medida que pierde usuarios, el servicio se deteriora, en un intento por sostener sus costos. La consecuencia es una desmejora constante. La lógica debería ser otra.
Los servicios de transporte deben ser tan eficientes que inviten a las personas a utilizarlos en lugar de recurrir al vehículo particular. Incluso, su prestación debe garantizarse aunque no genere ganancias, pues responde a una función estatal tan esencial como el mantenimiento del orden o la seguridad nacional.
En esa línea, los buses y demás medios de transporte público –trenes, tranvías, metro– deben operar con horarios definidos y frecuencias adecuadas, que permitan a los usuarios acceder a ellos con puntualidad y confianza. Las rutas deben facilitar conexiones ágiles entre distintas zonas, y la información disponible –sobre recorridos, horarios y tiempos de traslado– debe ser clara y suficiente. Solo así los ciudadanos podrán utilizar el transporte público con certeza, y no como ocurre hoy, cuando tomar un bus equivale a una apuesta a ciegas.
Un sistema de transporte público eficiente, cómodo y seguro, acompañado de información adecuada, constituye una invitación real a sustituir el vehículo particular. Ese es el camino para enfrentar el congestionamiento vehicular: reducir costos de transporte, dinamizar el comercio y garantizar un mejor ejercicio de nuestras libertades públicas.
ramonyglesias@gmail.com
Ramón María Yglesias Piza es abogado.
