Durante más de dos años, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró tener una “Ruta de la Educación”. Fue mencionada en conferencias, entrevistas y eventos oficiales, pero nunca se conoció un documento claro, con metas, cronograma, fundamentos técnicos o presupuesto. No se entregó al Consejo Superior de Educación, no se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, ni fue comunicada oficialmente a la Asamblea Legislativa ni a los actores educativos. Y hace unos días, la exministra Anna Katharina Müller lo confirmó sin rodeos: “No me dio la gana publicarla, para que no me la despedacen”.
Esa frase resume el espíritu de una gestión que evadió su deber de rendición de cuentas. Gobernar no es esconder ni temer la crítica. Gobernar en democracia implica explicar, justificar, corregir y escuchar. Pero en educación, esta administración prefirió la opacidad: no solo mantuvo en secreto su supuesta “ruta”, sino que rompió la relación con universidades públicas, congeló la cooperación técnica con actores claves y desmanteló programas sin anunciar alternativas claras.
Hoy, la improvisación tiene consecuencias. No hay forma de saber qué metas tenía la exministra, cuáles se cumplieron o cuáles fracasaron. No hay evidencia pública que permita evaluar avances, ni una línea base para juzgar resultados. Y aunque el nuevo ministro se ha desmarcado de su antecesora, hereda una cartera sin brújula, sin cronograma y con crecientes deudas en infraestructura, formación docente, evaluación, recursos tecnológicos y programas de equidad.
En paralelo, el país urge de una estrategia educativa clara, viable y transparente. El más reciente Informe del Estado de la Educación insiste en la necesidad de un acuerdo nacional con metas graduales, costos estimados y compromisos compartidos. No se trata de un “nuevo plan” más, sino de una hoja de ruta creíble, alineada con el mandato constitucional y respaldada por un consenso político amplio que permita recuperar progresivamente la inversión en educación.
La administración Chaves tuvo la oportunidad de liderar ese esfuerzo. Prefirió no hacerlo. Ocultar la información y llamarlo “proceso vivo” no es una innovación: es una evasión. Y mientras no tengamos claridad sobre los objetivos del gobierno en educación, no podremos exigirle cuentas. Sin evaluación, no hay mejora. Y sin transparencia, no hay política pública.
Hoy el MEP necesita más que un nuevo nombre para su “plan de trabajo”. Necesita credibilidad. Y eso se gana con hechos, no con eslóganes o videos promocionales. Publicar las metas, dialogar con los actores, rendir cuentas con datos en todas las áreas (y no solo en las que estamos bien), escuchar las alertas técnicas, y, sobre todo, asumir que una administración pública no gobierna en solitario. Costa Rica necesita avanzar, pero para eso, debe saber hacia dónde va. Y cuánto le falta para llegar.
Andrés Fernández Arauz es economista.
