EscucharLas actividades llevadas a cabo por el crimen organizado se han hecho muy visibles en las siete provincias durante los últimos meses, mientras eso sucede nuestras autoridades continúan con su tradicional estilo de culparse entre sí, o de atribuirse méritos y logros que, en realidad, son el resultado del azar.
Nadie conoce el nivel de penetración de estas bandas en las instituciones democráticas nacionales, pero si juzgamos con base en los datos que nos muestra la prensa, puede ser ya muy alto.
Está claro que nos faltan recursos, equipo y capacitación para que, operativamente, seamos capaces de enfrentar con cierto éxito estos grupos criminales; sin embargo, hemos dedicado muchos meses y recursos estatales a una reforma legal que, por un lado, no termina de cuajar y, por otro lado, cuando se consiga puede resultar tardía e insuficiente.
Gobernabilidad democrática. El éxito en la lucha contra el crimen organizado depende en mucho de si, final y efectivamente, logramos instalar en Costa Rica una verdadera cultura de gobernabilidad democrática. Es así que para efectos de reducir la amenaza y el daño producido por este flagelo, debemos unir fuerzas las instituciones formales del Estado y la sociedad civil nacional. Esta es una lucha que debe enfrentar el Estado costarricense como un todo, por cuanto, evidentemente, las instituciones formales han quedado desbordadas.
En esta lucha, además, carece de sentido práctico el heroísmo y el excesivo protagonismo. Los héroes, frente al crimen organizado, caen sin dejar nada y, peor aún, sin pasar la bandera. No necesitamos jueces, ni fiscales ni periodistas heroicos, lo que necesitamos son jueces, fiscales y periodistas que cumplan su trabajo, que idealmente, por su bien y el de la defensa nacional, lo hagan de forma silenciosa.
Para hacernos a todos nosotros, gente y autoridades, gobernables tal como lo exige este inmenso reto, debemos tomar decisiones que afecten la vida económica y financiera y sus relaciones con otras economías; generar políticas públicas que efectivamente incrementen la confianza ciudadana en las instituciones; y asegurar una aplicación administrativa y policial coherente, constante y efectiva de esas políticas públicas.
Las víctimas. Además de la gran preocupación social existente acerca de que el crimen organizado haya penetrado las instituciones públicas, especial atención también se debe poner a la toma de control por parte de esos grupos de empresas privadas que, aparentemente, cumplen con las formalidades y requerimientos legales.
Esta posibilidad se ve seriamente incrementada en momentos de crisis económico-financiera y conlleva la distorsión de las reglas de juego del mercado, por cuanto se sustituye la competencia con la amenaza, o el uso, de la violencia. El crimen organizado es financieramente poderoso y carece de escrúpulos; estas características le permiten aprovechar las vulnerabilidades propias del sector privado, particularmente en momentos de crisis.
Hay líneas de negocios especialmente vulnerables ante el crimen organizado, entre ellas están aquellas que se benefician de las grandes concentraciones urbanas como son los restaurantes, los centros comerciales, los negocios de expansión nocturna, las empresas constructoras y las que cuentan con un alto nivel de contrataciones administrativas.
El poder financiero, el uso de la violencia, la falta de escrúpulos, la penetración de las instituciones públicas y de las empresas privadas, una disciplina vertical y ordenada de funcionamiento, el uso de tecnologías de punta y los contactos internacionales, caracterizan la forma de actuar del crimen organizado. Su labor tiende a concentrarse en la narco-actividad, tráfico de personas, lavado de dinero, comercio de órganos humanos, el tráfico de armas, explotación de centros turísticos y de expansión nocturnos, sustracción del patrimonio nacional, el contrabando de mercaderías y la prostitución.
Fortalecer las instituciones. La estrategia de defensa exige, además de la participación social, un buen gobierno. El buen gobierno obliga al tránsito del concepto de organización al de institución. La institución significa conocimiento técnico de alta calidad y especializado, necesariamente operando dentro de una estructura normativa consistente con el Estado de Derecho, y todo ello orientado a la transparente administración de actividades que aporten estabilidad, seguridad y sentido a la vida en sociedad.
Un cambio esencial que nos permitirá enfrentar con cierto éxito el ataque del que ya somos objeto por parte del crimen organizados consiste en que nuestras organizaciones de policía y judiciales se conviertan finalmente en verdaderas instituciones democráticas.
Las organizaciones se limitan a ser un grupo de personas, pequeño o grande, dedicadas a lograr un propósito pero, únicamente, son capaces de producir resultados muy limitados desde la perspectiva de la eficacia y eficiencia.
Es así que las organizaciones proveen servicios públicos de baja calidad, se estructuran mediante jefes y subalternos, y la evaluación de su desempeño lo definen ellas mismas mediante el auto-control o el seguimiento interno, lo que lleva a que siempre se puedan justificar a sí mismas.
En contraste, una institución requiere que las personas que la componen compartan, de manera muy comprometida, valores y creencias democráticos, obliguen a los jefes a tornarse en líderes, conviertan la transparencia en religión, superen las lecturas cortoplacistas y que su principal orgullo sea ofrecer un servicio público de alta calidad.
