EscucharCosta Rica está paralizada por causa de muchos factores. Quizás el más determinante sea el papel que juega la Sala Constitucional ya que, de manera arbitraria, impide hacer cambios profundos a la Constitución y, por esa vía, a la estructura del Estado.
Mientras tanto, sufrimos las consecuencias de una Constitución desajustada a las necesidades de los tiempos actuales y, sobre todo, nos indigna la parálisis de un país que no puede, ni siquiera reparar una “rendija” en un puente.
La urgencia de salir de semejante estancamiento y otras múltiples razones, tanto de forma como de fondo, justifican la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se dedique durante un año a una revisión general de nuestra Carta Magna. ¡El trabajo por el bien común y la democracia es permanente, supone procesos inacabados!
En el plano formal, debe recordarse que en 1949, cuando se discutió y aprobó nuestra actual ley de leyes, se utilizó como fundamento la de 1871. Por ello, podría decirse que la Constitución que rige en el país es un texto remendado, que proviene del siglo XIX. Es una Constitución poco ambiciosa y poco original. Estas condiciones repercuten en su falta de coherencia interna, producen vacíos normativos y exceso de generalidad o reglamentismo en algunos de sus preceptos.
En el plano sustancial, la Constitución se quedó botada en el tiempo, sobre todo si se compara con los modernos textos que otros países, sin tradición democrática ni de respeto a la institucionalidad democrática, han promulgado en los últimos tiempos. Estamos anclados en un presente sin proyecto político, dominado por una sociedad peligrosamente fragmentada y una población sometida a los dictados del mercado, el consumismo y la destrucción del planeta, nuestra casa común, según dice el papa Francisco.
Entre muchas reformas, deben definirse, de manera expresa, en el frontispicio mismo de nuestra máxima ley, los principios y valores de nuestro ordenamiento constitucional.
No puede ser que por esa falta de definición corresponda a la Sala Constitucional trazar la orientación de nuestro sistema político de forma caprichosa y, a veces, arbitraria.
Cambio de sistema. En otro ámbito, se requiere matizar nuestro rígido sistema presidencialista con algunos elementos del parlamentarista, como el fortalecimiento del voto de censura y la interpelación de ministros y otros funcionarios de Gobierno.
En esa línea, se sugiere crear la carrera parlamentaria, reformar el sistema de elección de los diputados mediante distritos electorales y las elecciones de medio período.
En los ámbitos civil y gubernamental, se debe profundizar el régimen de los deberes ciudadanos y el de la responsabilidades, la rendición de cuentas y evaluación de resultados de los funcionarios públicos.
Estos son temas que, de manera paradójica, apenas se plantean en la Constitución. Por ejemplo, debería regularse la revocatoria del mandato de algunos funcionarios, por ineptitud, procederes incorrectos y faltas graves al deber de probidad.
En general, se requieren reformas al Poder Ejecutivo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, al régimen municipal y al de las instituciones autónomas, a la Contraloría General de la República y al sistema presupuestario. Estas y otras enmiendas implican cambios profundos, no radicales, a nuestro ordenamiento jurídico-político constitucional. De ahí la necesidad de activar el Poder Constituyente.
Anclados en el pasado. Llegados a este punto, el problema que se presenta es que desde una posición conservadora, cuando se plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional constituyente, se argumenta que no estamos preparados, que no existen condiciones, que este no es un buen momento, que es peligroso, que es como dar un paso hacia lo desconocido o firmar un cheque en blanco.
Con este tipo de frases hechas, vacías y carentes de significación, se mantiene a los costarricenses anclados en el pasado, en un estilo de vida conformista y una cultura de oposición y miedo a emprender grandes proyectos.
Tenemos que cambiar y pensar que sí podemos volar alto, llegar lejos y construir una nueva Costa Rica.
El presente es de los vivos, no de los muertos, decía Jefferson. Y cada generación debe ser tan libre de adaptar la Constitución a su realidad y voluntad, tal y como lo hicieron las generaciones que la precedieron.
Esta máxima significa que, dadas las actuales circunstancias del país, deberíamos tener el derecho a reformar las normas constitucionales que regulan nuestra convivencia y a decidir sobre nuestro presente y futuro. Esto nos legitima como sociedad a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, única salida jurídica y políticamente viable a la crisis que adolece nuestro Estado Constitucional, democrático y social de derecho.
Negar ese derecho o temer su ejercicio significa negar el carácter democrático de nuestra sociedad.
Alex Solís es abogado.
