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Un Tribunal Constitucional sobrecargado de trabajo

Es impostergable atacar el principal problema del Tribunal: la sobrecarga de trabajo a causa de un diseño que lo hace el más accesible del mundo

Sala Constitucional ó Sala IV
19/11/2024 Sabana Sur. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, abreviada como la Sala Constitucional y conocida popularmente como la Sala IV. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados

Celebro que la organización y el funcionamiento de la Sala Constitucional sea objeto de análisis y de crítica. Desde mi perspectiva, la creación de la Sala Constitucional, como un órgano especializado de la Corte Suprema de Justicia y la promulgación de su ley, es la reforma institucional más importante de los últimos 75 años de la nación costarricense. La contribución a la protección efectiva de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República, es incuestionable; lo mismo ocurre en lo que atañe a la vigencia efectiva de los principios de supremacía constitucional y el valor normativo de la Constitución.

Después de 35 años de funcionamiento de la Sala Constitucional, hay razones objetivas que nos alertan de que hay ciertas falencias en su organización y funcionamiento que deben ser corregidas. De ahí la importancia de promover un debate sobre temas tan relevantes como los que expone don Alex Solís Fallas en su artículo “¿Tribunal Constitucional o Contraloría de Servicios?“ (La Nación, 20/5/25), tales como: si la Sala Constitucional debe seguir siendo parte del Poder Judicial o si ha llegado el momento de crear un tribunal constitucional siguiendo el modelo europeo, si se deben o no crear los tribunales constitucionales de garantías, a quienes les correspondería conocer los recursos de habeas corpus y de amparo, para que el Tribunal Constitucional se concentre en las cuestiones de constitucionalidad, si se debe o no aumentar el número de las y los magistrados, etc.

A mi modo de ver, estas cuestiones y otras relativas a la jurisdicción constitucional ameritan un debate del foro nacional y de la clase política, con el fin de apuntalar un órgano fundamental del Estado de cara a los nuevos retos que imponen las sociedades actuales.

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