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He revisado detenidamente el plan de gobierno de Laura Fernández y no encuentro nada que sugiera una comprensión real del contexto ni de las restricciones económicas que enfrentará el país en los próximos años.
El plan parte de una premisa equivocada: que el problema central de Costa Rica es la mala administración del Estado y que, con un equipo “más técnico” y “menos corrupto”, el mismo aparato puede producir resultados distintos.
Esa idea ignora una lección básica de la economía: los problemas estructurales no se corrigen con mejores administradores, sino con menos intervención.
La informalidad no es consecuencia de una falla moral ni de falta de vigilancia; es la respuesta racional de millones de personas a un sistema laboral, fiscal y regulatorio que penaliza la formalidad. Ningún plan que evite desmontar esas barreras puede aspirar a reducirla de manera sostenible.
Creer que el crecimiento económico emergerá de un Estado mejor gestionado es confundir orden burocrático con orden económico. La riqueza no se planifica, se descubre. Y mientras el plan insista en administrar el mismo andamiaje de permisos, rigideces y privilegios legales, el resultado no será desarrollo, sino estancamiento administrado con mayor prolijidad.
En síntesis, no es un plan para liberar a la economía, sino para gestionar con más cuidado el mismo modelo que la asfixia.
Andrés Pozuelo Arce es empresario.
