Hace unos días, la Defensoría de los Habitantes afirmó que la reducción permanente del financiamiento educativo pone en riesgo el derecho a la educación en Costa Rica. El gasto público en este sector pasó del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, lo que está muy por debajo del mínimo constitucional del 8%. Más que una cifra, ese descenso revela que uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense ha dejado de ser una prioridad.
Poco antes, una amiga de la adolescencia –hoy profesora de escuela– había escrito en una red social un comentario que celebraba el proyecto de construir una megacárcel en Costa Rica, inspirada en el modelo salvadoreño. Algo debe estar muy torcido –pensé–, para que una educadora aplauda una megaprisión, en lugar de desear una megaescuela en su comunidad.
Por esos días, al escuchar las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, encontré el origen de ese comentario: largas explicaciones sobre seguridad, castigos ejemplares y políticas de mano dura, acompañadas por alusiones tímidas, casi decorativas, a la educación.
No hay duda: la seguridad y las cárceles se han ubicado en el centro de un gran proyecto nacional, mientras las escuelas y los educadores son una nota al pie de página. ¿En qué momento se torció nuestro proyecto social y olvidamos el papel central de la educación?
Muchos especialistas coinciden en que la crisis de los años 80 marcó el inicio del deterioro estructural de la educación costarricense. Los recortes en el gasto público y el cambio de modelo interrumpieron avances que, décadas después, desembocaron en el llamado “apagón educativo”.
Antes de ese declive, el país vivió una especie de edad dorada en materia de educación pública. Entre 1950 y 1975, las políticas de bienestar ofrecieron oportunidades reales de movilidad social. Yo pertenezco a las últimas generaciones que se beneficiaron de ese sistema, igual que la mayoría de los candidatos en la pasada elección presidencial. Todos somos hijos de esa escuela que hoy parece desdibujarse.
El más reciente Informe Estado de la Educación advierte de que la crisis no solo persiste, sino que se agrava: tras el apagón, los aprendizajes no se han recuperado y las nuevas generaciones avanzan con graves deficiencias en habilidades básicas y pensamiento crítico.
Y no se trata solo de números ni de indicadores. El filósofo Fernando Savater lo formuló con claridad en El valor de educar (1997): nacemos humanos en un sentido biológico, pero aprendemos a serlo a través del contacto con quienes nos rodean. La educación no es un lujo ni un adorno cultural: es el proceso mediante el cual cada generación transmite a la siguiente conocimientos, normas y preguntas que hacen posible la vida en común.
Por eso, para Savater, la escuela no debe limitarse a enseñar contenidos técnicos o habilidades utilitarias. Su tarea principal consiste en formar ciudadanos capaces de convivir en una sociedad democrática: personas que sepan argumentar, escuchar, discrepar sin atacar y asumir responsabilidades frente a los demás. Cuando se reduce el financiamiento educativo, no se recortan solo programas o presupuestos: se debilita la base misma de la convivencia.
¿Cómo sería una megaescuela según las ideas de Savater y las recomendaciones del Estado de la Educación? No sería un edificio gigantesco que permita ostentar en campaña política, sino una red bien equipada, con bibliotecas vivas, laboratorios funcionales y docentes justamente valorados. Escuelas abiertas a la comunidad, donde los estudiantes aprendan artes y ciencias, pero también a debatir sin insultos, a leer con curiosidad, a cuidar el espacio público y a comprender la historia que nos precede.
Las cárceles son necesarias, pero siempre son la señal de un fracaso previo. La escuela, en cambio, es el intento de evitar ese fracaso. La megaescuela sería un lugar de encuentro diseñado para ver hacia afuera y abrir caminos. En sus aulas, la palabra “seguridad” no se entendería como la multiplicación de rejas y policías, sino como la posibilidad real de tener un proyecto de vida.
Al final, el valor de educar no se mide en discursos, sino en aquello que decidimos sostener con recursos públicos. En política, como en la vida, los hechos hablan más que las palabras, y cada presupuesto es una declaración sobre el futuro. Un país que reduce el financiamiento de sus escuelas mientras imagina megacárceles no solo resuelve las urgencias del presente, sino que olvida, poco a poco, qué quiere llegar a ser.
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Jurgen Ureña es cineasta.