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El próximo 8 de mayo de 2026 se instalará un nuevo Poder Ejecutivo, lo que significa que podremos escoger a quien ocupe la Presidencia de la República, pero no a las personas que le acompañarán como cabezas de los diferentes ministerios e instituciones autónomas.
Considero que si cada candidato o candidata diera a conocer al inicio de su campaña los nombres de quienes asumirían tales puestos, sería un formidable ejemplo de transparencia, por cuanto los electores tendríamos el cuadro completo de los jerarcas a quienes les aplica el deber de cumplimiento de nuestra Constitución Política, así como del resto de leyes vigentes que dan forma al Estado social de derecho del que goza Costa Rica desde 1943 –y no desde 1949, como erróneamente creen o pregonan algunos–. Pero eso será motivo de otro aporte futuro.
También considero que, dadas las escogencias de quienes han ejercido la Presidencia de la República en el pasado, tal deseo de ejercicio cabal de la democracia y transparencia pregubernativa es una verdadera quimera de mi parte, tristemente.
Es claro que ejercer el solio presidencial conlleva el cumplimiento de compromisos previos, muchos seguramente, y de ahí saldrán varios de los nombres de aquellos o aquellas que se instalarán el próximo año. Asimismo, puede suponerse que el nivel de confianza del candidato electo en tales figuras, que deberán serle “leales”, será determinante. Pero considero que esos dos factores son un coctel explosivo para el mejor ejercicio gubernativo.
Por eso, aprovecho para compartir algunas recomendaciones sobre lo que debería evitarse al momento de sopesar los nombramientos de los próximos jerarcas públicos en 2026.
Personas exclusivamente docentes
El claro riesgo de esto es la falta de experiencia que candidatos de este tipo tendrán al estar influenciados por la perspectiva académica y teórica, que, claramente, no es lo mismo que la funcionalidad administrativa en la práctica. La teoría origina la práctica administrativa, pero, ciertamente, no la define.
La realidad política, social, económica y burocrática necesita funcionarios que conozcan el campo sobre el cual ejercerán dirección gubernativa, por lo que no es válido que se “llegue a aprender” y, por correlato, a iniciar un tránsito de prueba y error que puede alargarse por cuatro años.
Personas sin cargo fijo previo
Depender del nuevo salario que se percibirá desde mayo de 2026 por no contar con una opción laboral sólida en el ámbito público o privado, solo engendraría servilismos para cumplir los deseos u ocurrencias de un gran jefe o de sus principales allegados, sin parar mientes en consideraciones legales o éticas que pondrían en riesgo aspectos democráticos o propios de la Hacienda Pública.
Sobre este punto, es interesante que la propuesta de Constitución Política que Rodrigo Facio ideó en 1948, y que fue parcialmente aceptada por los diputados constituyentes, concebía un Poder Ejecutivo independiente, razonador y equilibrado, capaz de discernir todo asunto de importancia para, si fuese el caso, contradecir al primer mandatario, pero siempre bajo un clima constructivo de respeto y asesoría constante.
En otras palabras, un esquema de pesos y contrapesos, signo evidente de madurez política y democrática. Lastimosamente, esa idea no cuajó del todo, por cuanto, en la realidad, ante cualquier discrepancia que surja con el gobernante, este simplemente opta por cesar de funciones al “revoltoso”, quien deberá iniciar el envío de currículos a diestra y siniestra (lo que en el argot laboral-coloquial, se conoce como “operación arroz y frijoles”).
Personas provenientes de la empresa privada
Administrar lo público no ha sido, es ni será igual a maniobrar en el sector privado. El grado de formalismo legal que se vive en el primero, condicionando cada acción o acto, y asignando un grado de responsabilidad tal que algunos han querido recubrir con pólizas de seguro, se echa mucho de menos en el segundo.
La tendencia de la “nueva gerencia pública”, trasnochada y ocurrente idea surgida en la década de 1990 en las mentes de docentes estadounidenses, no aplica para el entorno costarricense. Por eso, téngase en cuenta lo anterior antes de ofrecer o aceptar un cargo de confianza, en el que se estará 24 horas bajo el escrutinio público y el funcionario se expone a que se le revoque su inmunidad.
Como elector, me concentraré en valorar las opciones que propongan los participantes en esta carrera cuatrianual, signo distintivo de nuestra patria en el mundo, y abriré grandes los ojos para evitar los populismos y a personajes que se valen del ejercicio del sufragio para luego instalar esquemas represivos, pseudodictatoriales y, peor aún, las narrativas de políticos que se burlan de quienes sí creemos en el poder de nuestro voto para hacer de este un mejor país.
Rolando Bolaños G. es tutor e investigador en la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED.
