Un cheque en blanco: eso le están pidiendo a la ciudadanía

Costa Rica atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. Los indicadores en educación, seguridad y salud –tres pilares sobre los que se construyó nuestra identidad nacional– muestran un deterioro progresivo. La sociedad percibe un Estado debilitado, instituciones agotadas y un clima político cada vez más polarizado.

La administración actual ha optado por un discurso que descarga la responsabilidad en la institucionalidad del país. Alega que “no los dejan trabajar”, que los contrapesos les impiden avanzar, que las reglas democráticas son obstáculos. Sin embargo, lo que en realidad revela es una preocupante carencia de visión técnica y política para plantear soluciones coherentes, documentadas y sostenibles.

La propuesta de fondo es inquietante: eliminar o debilitar los contrapesos que limitan el poder, reducir la deliberación democrática y concentrar la toma de decisiones en una sola figura. Se plantea como meta contar con una mayoría legislativa dócil que apruebe sin cuestionar, modificar la Constitución para “modernizar” el país y alinear las instituciones a los intereses de turno. En otras palabras, se solicita un cheque en blanco a la ciudadanía, bajo la promesa de eficiencia, pero al costo de socavar los cimientos de nuestra democracia.

Cabe preguntarse: ¿qué parte de la Constitución debería cambiarse para lograr ese supuesto progreso? ¿En qué evidencia técnica se sustentan tales propuestas? Más aún, ¿cómo hablar de modernización cuando se recorta la inversión pública, cuando el propio gobierno incumple obligaciones elementales como la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, o cuando se debilitan los programas de educación y salud que durante décadas nos distinguieron?

El problema de Costa Rica no radica en la falta de leyes, sino en la incapacidad de ejecutarlas adecuadamente. Las normas existen; lo que falta es gestión, liderazgo y compromiso para hacerlas valer. No necesitamos menos institucionalidad, sino más eficiencia y transparencia. No urge una nueva Constitución, sino voluntad política y técnica para aplicar la actual con coherencia y visión de país.

Lo más preocupante es la falta de horizonte ante las próximas elecciones presidenciales. No se vislumbra una alternativa sólida que inspire confianza y proponga un camino distinto. Los partidos tradicionales –por acción u omisión– son corresponsables de esta deriva. Su desconexión con la realidad social y su oportunismo político allanaron el terreno para el surgimiento de liderazgos que apelan al resentimiento, la venganza y la desconfianza hacia el sistema público.

Costa Rica se enfrenta, entonces, a un dilema histórico: ceder a la narrativa del “cambio urgente” sin sustento o rescatar los valores que nos dieron identidad como nación. Modernizar no significa destruir lo que nos ha sostenido, sino fortalecerlo desde los principios que nos definieron durante generaciones: la solidaridad, la honestidad, el respeto, la cooperación y el amor por el bien común. Esos valores, que alguna vez nos distinguieron como ejemplo de democracia y paz en América Latina, hoy corren el riesgo de diluirse entre la polarización y la indiferencia. Recuperarlos no es nostalgia; es la única vía para reencontrarnos con lo que realmente somos como pueblo costarricense.

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Félix Badilla Murillo es ingeniero industrial.