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El martes 16 de diciembre, la Asamblea Legislativa de Costa Rica vivió una de las jornadas más trascendentales de su historia democrática reciente. En sesión plenaria, los y las diputadas debatimos –y finalmente se rechazó por apenas tres votos– la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad constitucional al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por beligerancia política electoral.
Victoria para unos, decepción para otros. Pero en mi criterio, más allá de lo que nos generan estas emociones por el resultado, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué tipo de democracia estamos consolidando? ¿Estamos fortaleciendo el Estado de derecho o estamos normalizando la impunidad política?
Para mí, es claro. La Constitución Política de Costa Rica y el Código Electoral establecen con claridad que ningún funcionario electo puede utilizar su cargo para influir indebidamente en procesos electorales. Y después de leer los dos informes, además de muchas evidencias que circulan en redes sociales, no me quedaba ninguna duda de que el presidente cometió beligerancia política.
Dentro de la comisión especial que analizó el expediente, se produjeron dos informes: uno de mayoría, que recomendaba el levantamiento de la inmunidad, y otro de minoría, que indicaba que no existen elementos suficientes para justificar la apertura del procedimiento. No obstante, lo preocupante fue que los argumentos en contra del desafuero, expresados por algunos de los que votaron negativamente en el pleno, carecieron de objetividad técnica y recurrieron en muchos casos a ataques personales, cuestiones político-electorales o de conveniencia partidaria, más que a una evaluación jurídica rigurosa de los hechos y de los estándares constitucionales requeridos.
Después de leídos ambos informes, me pareció que el informe de mayoría mantiene solidez al reconocer la competencia constitucional del TSE; realiza una distinción correcta entre debido proceso y privilegio político, y aclara al lector que el levantamiento de inmunidad no es una sanción, sino una condición habilitante para que opere la igualdad ante la ley, que permite la continuación del proceso del TSE y que fortalece la democracia.
En cuanto al informe de minoría, maneja una confusión grave de competencias institucionales, desnaturaliza el procedimiento y convierte un acto habilitante en un juicio político encubierto. Utiliza un razonamiento inadecuado sobre “estabilidad política”. El informe genera sesgos, ya que presenta la intervención presidencial como simple discurso genérico, cuando existe, evidentemente, una promoción a una candidata.
Finalmente, llegó la votación y el resultado atroz para la democracia. Pese a que algunos celebran el resultado, otros lo lamentamos. Pero, al final, lo que realmente se deja en evidencia es un problema estructural mayor: tenemos un presidente en ejercicio con denuncias serias que involucran normas constitucionales y electorales, que busca eludir la rendición de cuentas.
La triste noticia es que esto debilita la percepción de justicia y responsabilidad pública, y abre un portillo peligroso para futuros políticos que usen su cargo para fines electorales. Desgraciadamente, con estos resultados, la frase de Montesquieu “nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen en una sociedad” quedó en el olvido y la celebración de muchos, en mi criterio, se convierte en una herida sangrante para la democracia.
Y por favor, esto no lo confundamos con un riesgo lejano o ficticio. Ya lo han vivido países como Venezuela, donde el ataque y el debilitamiento de la división de poderes, de los contrapesos institucionales, llevó a la alteración de elecciones, al silencio de las voces y a la pérdida de libertad.
Para mí, fue un día triste para la neutralidad política y, por supuesto, para la democracia costarricense. Porque la conveniencia política y los intereses individuales estuvieron a la orden del día. El pluralismo político con que cuenta hoy la Asamblea y que enriquece la toma de decisiones, al incluir las voces de los distintos actores políticos, demostró que no siempre busca los denominadores comunes y que falló en temas tan importantes como el futuro de la democracia.
La decisión del martes 16 es un ejemplo. Y la respuesta a la pregunta que hice al inicio, en mi criterio, es que la democracia no avanzó: solo hizo un acomodo a los intereses de la minoría, cuya justificación dejó mucho que decir, desde cualquier análisis serio y objetivo. Con ello, perdimos un poco de nuestra alma democrática y socavamos lo que estamos heredando a las futuras generaciones: una deuda con el Estado de derecho y con los valores democráticos.
Por eso, a las futuras generaciones les pido perdón, porque a pesar de que alzamos la voz e hicimos todo lo posible por evitarlo, no lo logramos. Por favor, sepan juzgar por los hechos.
Cynthia Maritza Córdoba Serrano es diputada independiente.
