EscucharCon el crecimiento poblacional y urbano de carácter vegetativo que muestran las comunidades de la Gran Área Metropolitana como Hatillo, San Francisco, Desamparados, San Pedro, Guadalupe, Pavas y Escazú, la demanda de servicios de agua potable, electricidad, recolección y tratamiento de desechos, atención de aguas servidas, seguridad y otros, son cada vez más deficitarios y atentatorios contra la calidad del ambiente y la salud humana.
Más allá de los aspectos estéticos y paisajísticos, nuestros centros de población se alejan cada día más de la meta de un hábitat acorde con las necesidades del ser humano, donde el bienestar habría de extenderse sobre las amplias mayorías. El deterioro ambiental es tan evidente que son inútiles las mediciones anuales que se hacen para cuantificarlo, cuando basta con residir en tan desordenado espacio para desanimar al más entusiasta y optimista soñador.
Pero como no es suficiente dejar pasar los días sin emprender acciones conducentes a enfrentar tan sensible problema humano, se habrá de motivar e incentivar a personas y entes públicos y privados a retomar las variadas soluciones técnicas que se han venido gestando desde el INVU, el Ministerio de Planificación, las universidades públicas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente, colegios profesionales y otras organizaciones del ámbito empresarial privado.
Urge, en suma, una atención integral del reto que trae consigo la degradación ambiental y urbana que cada día se hace más insostenible.
Especial atención habrá de prestársele al deficiente sistema de transporte de pasajeros, hasta ahora ayuno de orden, de directrices racionales y de aportes estrictamente profesionales. Mientras en otros lares, el transporte público trae consigo un efecto beneficioso sobre la calidad ambiental de los centros urbanos, en nuestra área metropolitana no sucede así. Por demostrada incompetencia, el modelo del servicio de autobuses (si es que hay alguno en ejecución) acrecienta el congestionamiento vial y profundiza la degradación urbana, ante el desdén de quienes deberían despertar todos los días pensando en cómo salir del caos que nos golpea.
Proyectos impulsados por el MOPT para ordenar el transporte público (La Nación, 21/4/12) plantean la urgencia de recuperar y actualizar los planes de sectorización, que disminuirían el número de autobuses en un 60%. Ahora que algunos empresarios autobuseros han iniciado la sustitución de sus flotas por modelos modernos de gran eficiencia operacional y mayor confort, pareciera que ha llegado el momento de coordinar acciones, superar obstáculos burocráticos y ejecutar sistemas integrales en beneficio de los cientos de miles de usuarios que claman por un mejor trato, donde más del 75% de la movilización de pasajeros se produce en transporte público, como se reseña en el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035.
Es posible, y así está demostrado, que una mejor oferta de servicios permitiría una reducción en los tiempos de tránsito, donde con buses más grandes y energéticamente más eficientes empresarios y usuarios estarían garantizados, sin necesidad de aumentos tarifarios desproporcionados que vinieren a afectar a los que necesariamente hacen uso del transporte colectivo.
Proyectos que consideren opciones razonables en el origen y destinos de los viajes, las particularidades de la demanda regular y coyuntural, los motivos del usuario (trabajo, estudio, compras...) la identificación de rutas troncales con sus correspondientes ramales, así como la adecuación de la infraestructura vial, son aspectos que han de ser considerados.
Ahora bien, como el transporte público de personas es un deber estatal, que se “cumple” trasladando la prestación del servicio a concesionarios privados, la rentabilidad, la eficiencia y la efectividad son tuteladas por el mismo Estado, que para ello ha de considerar la participación del usuario en el diseño de las rutas, las tarifas, y otras particularidades.
Ahora que poco a poco se ha ido superando la visión prejuiciada de que los servicios de autobuses son causa de todos los conflictos propios del caos vial metropolitano, y que junto a los autos particulares han de ser “sacados” de ciudades que, como San José, son los enlaces naturales para las conexiones periféricas norte-sur y este-oeste, las autoridades responsables han de constituirse en promotores de la racionalización operativa que se les ofrece, donde sobresalen autobuses de 15 metros de largo para unos 125 pasajeros que, por su diseño mecánico, son capaces de doblar en curvas cerradas.
En fin, por su versatilidad, costo y opciones financieras, eficiencia y adaptación a una realidad impuesta por una flota vehicular particular de acelerado crecimiento, entre otros, hacen bien las autoridades ministeriales en retomar, con sus necesarias adecuaciones, los fallidos planes de ordenamiento del transporte público remunerado de personas, adecuados para nuestra realidad y posibilidades financieras, contrario a la propuesta de unos $300 millones que costaría la construcción de un tranvía de doble vía de Pavas al barrio La California, pasando por el bulevar de La Sabana, el paseo Colón, la avenida Segunda hasta el Teatro Nacional, el parque Morazán y la avenida de Los Damas. Este último proyecto, según se ha demostrado, no solucionaría el problema del transporte público.
