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La Policía de Control de Drogas (PCD) lucha hoy en una Costa Rica que se convirtió en lugar de paso y almacenaje de cocaína. (Cortesía: MSP.)
El país tomó conciencia en 1986 de la grave afectación del narcotráfico. Ese año culminó una investigación de muchos meses de seguimientos e intervenciones telefónicas, gracias a la cual fue posible la detención de un cubano y varios costarricenses vinculados a un caso de transporte internacional de drogas.
El plan de los agentes de estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) era aprehender a la tripulación y a los sospechosos en tierra, así como decomisar la aeronave y la sustancia prohibida.
El aeroplano tocó suelo y detuvo la marcha en el aeropuerto privado, ubicado en una finca en el sur del país; los motores nunca fueron apagados, pasaron varios minutos hasta que se abrió la compuerta y bajaron dos sujetos provistos de armas pesadas, contra las cuales parecían juguetes los revólveres 38 especial de los investigadores judiciales.
Sin desmerecer la valentía de nuestros policías, la prudencia del jefe del operativo lo hizo modificar el plan (la flexibilidad es parte de la estrategia). Cuando la droga era llevada por carretera de Quepos hacia San José, los oficiales aprehendieron al cubano con 204 kilos de clorhidrato de cocaína.
Ese fue el primer cargamento “grande” de droga incautado en el país. En aquel momento se puso en evidencia nuestra vulnerabilidad y las falencias de nuestros cuerpos de policía.
Costa Rica como Colombia
La actividad del narcotráfico continuó. Poco a poco Costa Rica se convirtió en lugar de paso y almacenaje de cocaína. Esta se decomisó en camiones, en aviones, en helicópteros, en altamar y en alijos en las costas. Algunos pescadores artesanales retanqueaban en altamar las lanchas rápidas de los narcos colombianos y regresaban a puerto llenos de dólares pagados por estos.
Pero cuando ocurrió el atentado del 11 de setiembre del 2001 contra el World Trade Center de Nueva York, se desplomaron las Torres Gemelas y con ellas el esquema de transporte de cocaína de sur a norte. Dado el fortalecimiento de la seguridad en costas y fronteras, ordenado por la Casa Blanca, la reacción de los carteles colombianos fue no llevar más cocaína a Estados Unidos y entregarla a los carteles del norte de México para que estos la introdujeran a suelo estadounidense.
Ese fue el detonante de dos guerras simultáneas en el norte de México: entre los carteles mexicanos para conseguir la exclusividad en la recepción de la droga y entre los carteles y el gobierno de ese país (el Ejército, la Marina y la Policía). En el 2019 la guerra contra el narco ya había causado más de 275.000 muertos. Entonces, algunos carteles mexicanos decidieron recibir la droga directamente en suelo colombiano y llevarla a México.
Los narcos mexicanos cambiaron la forma de pago a los pescadores artesanales que los retanqueaban en las aguas del Caribe y el Pacífico centroamericano. En adelante, no pagaron con dólares, sino con cocaína. Los pescadores formaron pequeñas estructuras para distribuir y vender la droga recibida en altamar, y así obtener dinero y blanquearlo después.
De ese modo surgieron los baby carteles. Con el tiempo, estos fueron creciendo en número de afiliados y en poder económico, y se matan entre ellos por la distribución del territorio y por ajustes de cuentas. Hace décadas nos parecía lejana la realidad de Colombia, infestada por organizaciones criminales, pero hoy es Costa Rica.
El tiempo corre
Cuanto más tiempo perdamos en el discurso y posterguemos la acción, mayor será la cuota de víctimas que habremos de pagar.
Desde mi punto de vista, es equivocada la política de seguridad contra el narcotráfico anunciada por el ministro de Seguridad Pública, Jorge Luis Torres Carrillo, en el sentido de combatir el narcomenudeo. Los carteles son tan poderosos que de perder un puesto de ventas en este momento tendrán otro mañana. La lucha no se libra contra el distribuidor final, sino contra el capo. Para eso hay que tener sangre corriendo por las venas.
Los triunfos deben cuantificarse por el número de organizaciones desarticuladas, y no por la cantidad de droga decomisada. Las instituciones deben ser más agresivas y quitarles el dinero aplicando a la brevedad la normativa de capitales emergentes, contenida en la ley contra la delincuencia organizada. Sin dinero, las estructuras criminales perderán la capacidad de maniobra, la capacidad de corromper y la capacidad de violencia.
De no atenderse ahora, este problema se convertirá en una crisis inmanejable.
francisco@dallaneseabogados.com
El autor es abogado.
