EscucharEn la discusión acerca de la influencia de la religión en la política y del Estado laico costarricense, es necesario precisar cuál es la teología política subyacente en la diplomacia vaticana, el trasfondo histórico de expresiones como “sana laicidad” y el fenómeno del secularismo.
El cristianismo, desde sus orígenes, fue una religión crítica del abusivo poder político. Pero cuando pactó con el poder del Imperio Romano, se erigió como iglesia con potestad universal sobre lo terreno, mientras surgía una teológica de la historia que echaba raíces durante el Medievo a fin de justificar el poder espiritual: La Ciudad de Dios escrita por Aurelio Agustín de Tagaste (354-430) constituye el núcleo fundamental de las relaciones del poder espiritual y terreno que rige aún la cosmovisión del catolicismo oficial.
Durante toda la cristiandad medieval, la teología política justificó el poder espiritual, inclusive se impuso la autoridad del Papa sobre el poder secular. No obstante, siglos después en el seno de nuevas circunstancias históricas, en la modernidad, la complejidad de teorías políticas desvinculó unánimemente religión y política, hasta que en el siglo XVIII la separación fue radical dando origen políticamente –entre otras causas– al denominado secularismo que tanto preocupa a la religión institucional.
En tal contexto histórico, el término laicidad (del italiano laicità) enuncia un programa estratégico de teología política que intenta conciliar los principios teológicos de la religión medieval y teorías políticas modernas seculares, los cuales quedaron desvinculados racionalmente desde hace siglos.
En Costa Rica, desde el siglo XVI la cristiandad medieval llegó como un programa de conquista y colonización impuesto por los españoles. Inclusive, hasta mediados del siglo XIX, cuando el papa Pío IX erigió la diócesis de Costa Rica en 1850, reconoció a Costa Rica como república a fin de delimitar el espacio geográfico de la nueva diócesis. Para demarcar políticamente los poderes, surgió el Concordato de 1852, posteriormente vinieron en 1884 las leyes anticlericales de los liberales, hasta que en 1942 Calderón Guardia derogara aquellos decretos decimonónicos dando oportunidad para que el catolicismo liderado por Sanabria Martínez tuviera injerencia en la política por medio de alianzas: en el artículo 75 de la Constitución Política de 1949 quedó impresa su redacción.
“Sana laicidad”. Así, pues, mientras la emblemática expresión “sana laicidad” de la diplomacia vaticana busca en la sociedad secularizada europea un espacio reconocido de participación, en Costa Rica, regida aún por una cristiandad en la cual el poder religioso se confunde con el político, “sana laicidad” puede comprenderse como prerrogativas religiosas, en la estratagema diplomática-teológica que busca el concordato.
Recientemente, gracias a discusiones filosóficas, la teología política sigue vigente. Para el filósofo alemán Jurgen Habermas, el diálogo entre religiosos y no creyentes debe ser viable porque las religiones pueden aportar valores a las sociedades, mientras que el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais –en contraposición a Ratzinger y Habermas– considera que un intento de diálogo entre creyentes y no creyentes es imposible porque el cristianismo y las otras religiones monoteístas son incapaces de despojarse de sus creencias y de dialogar con la sola ratio.
En el coloquio entre el filósofo alemán Peter Sloterdijk y el purpurado alemán Walter Kasper quedó evidenciado que las diferencias linguísticas religiosas constituyen precisamente un impedimento para el diálogo.
En Costa Rica, paralelamente, el diálogo es difícil. Mientras el secularismo avanza con sus diversas manifestaciones públicas, la religión deviene políticamente en un tipo de fundamentalismo apologético incapaz de dialogar y de engendrar propuestas sociales. Por eso, en nuestro país, ante las ínfulas de poder religioso, una tal “sana laicidad” lo único que engendra es intolerancia.
