EscucharEl inicio de un año trae consigo la incertidumbre sobre la situación mundial que inevitablemente incidirá en nuestro país. En retrospectiva, el efecto de la crisis del 2008 generó “niveles de deuda más altos y saldos fiscales más débiles, que obligaron a muchos países a fortalecer la situación fiscal”, afirmó Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Costa Rica y su economía emergente no han sido la excepción a lo anterior.
La situación fiscal es la prioridad de los Gobiernos en la actualidad; por esto, precisamente, nuestra presidenta pasará a la historia como la gran reformadora tributaria. El 2012 finalizó con la publicación en el diario La Gaceta de la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal y la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria.
Entre sus grandes inclusiones destacan la apertura al secreto bancario y un nuevo proceso de determinación de la obligación tributaria. Además, con la extinción del año 2012 se dio también la derogación del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tutelaba el envío de remesas al exterior exentas del pago del porcentaje correspondiente a este impuesto.
En el 2013, la Administración Tributaria y su gestión avanzan para cumplir con los estándares de jurisdicciones de primer mundo. La acción ante la necesidad de la transición del impuesto general sobre las ventas al impuesto sobre el valor agregado sigue vigente, no sin antes corregir la definición y aplicación del crédito fiscal que limita actualmente la acreditación de este a un proceso de ‘incorporación física’ que excluye el costo de mercancías y servicios que son utilizados en diferentes etapas del proceso productivo o ciclo económico que forma parte del costo del producto final y que por ende resulta abstracto, ambiguo y perjudicial para el contribuyente. Actualmente, el Congreso estudia un proyecto de ley para esta reforma.
Por otra parte, la Dirección General de Tributación (DGT) ha publicado en su página electrónica el ‘Decreto sobre Precios de Transferencia’. Dicho decreto (que aún no está vigente) establece el marco legal necesario para garantizar la seguridad jurídica de las empresas asociadas o vinculadas que realizan operaciones comerciales tales como la transferencia de bienes físicos, intangibles o intercambio de servicios. El contenido de este decreto es concordante con el modelo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que procura tutelar, en medio de un mundo globalizado, el principio de libre competencia entre empresas vinculadas e independientes.
Los precios de transferencia y su regulación han sido prioridad para la OCDE, en tanto ciertas empresas utilizan estas transacciones para erosionar sus bases imponibles, incrementando sus gastos deducibles y/o subvalorando el precio de la transferencia de bienes. La Administración Tributaria, ante la inexistencia de legislación, ha realizado los ajustes en virtud de la comparabilidad al precio de mercado basándose en una directriz vigente al día de hoy.
Dicha directriz sobrepone el principio de realidad económica sobre el principio de legalidad tributaria, error exegético que finalmente será subsanado a través de este decreto, no sin antes mencionar que este decreto omite lo más importante: la definición de los precios de transferencia, misma que se ha sido establecido en la jurisprudencia de la DGT pero es omisa en el decreto.
Finalmente, también ha sido publicado en la página electrónica de la DGT el Reglamento del Procedimiento Tributario (el cual tampoco está vigente aún) que pretende tutelar las garantías del contribuyente ante un proceso de determinación de la obligación tributaria que resulta de algún modo inquisitivo. De esta forma, nuestro país fortalece su legislación tributaria, aunada además a los tratados de intercambio de información suscritos recientemente con Argentina, Estados Unidos, Holanda, Francia, Canadá y Australia que facilitan el cumplimiento la transparencia fiscal.
Fortalecer la situación fiscal a través de la creación y sanción de leyes que tutelen las garantías del contribuyente ha sido prioridad para esta Administración, y en medio de tanto que podríamos criticar y decir que se ha hecho mal o, aún peor, no se ha hecho del todo, decidamos empezar el 2013 con optimismo, agradecidos porque al menos respecto a la legislación fiscal y la conciencia tributaria del contribuyente, Costa Rica, avanza.
