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En el CAI Terrazas de La Reforma, hace varios días, unos 80 privados de libertad dejaron de comer. La protesta podría llegar a los 2.000 reclusos del régimen de alta contención y nació por una razón que parece casi caricaturesca: el Ministerio de Justicia y Paz dispuso servirles los alimentos en tazas plásticas donadas por el gobierno de Nayib Bukele –más de 5.000 recipientes, según la ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias– con porciones reducidas y apenas dos tiempos diarios. Un café sin azúcar con galleta soda en la mañana, la cena a las cuatro de la tarde. Consultado por la prensa, el ministro Gabriel Aguilar contestó que “la cárcel no es un hotel” y que los reclusos podían mantener la huelga “los días que quisieran”.
La frase tiene la virtud de la economía. En seis palabras condensa una filosofía penitenciaria –la de la dureza como fin en sí mismo– y, en otras cuatro, deja ver el desdén con que esa filosofía trata el sufrimiento del encerrado.
El problema es que ya la conocemos. Cada ministro de Seguridad o de Justicia latinoamericano, con escasísimas excepciones, en algún momento de su gestión, ha mencionado una versión idéntica. El hotel cambia (a veces es un resort, a veces una pensión), pero la consigna vuelve con la regularidad de un rezo. Y vuelve porque funciona políticamente, no porque resuelva nada.
Hace más de dos décadas, el sociólogo Loïc Wacquant explicó por qué este libreto se volvió universal. A medida que se desmantela la mano izquierda del Estado –la que asiste, educa, integra– crece su mano derecha, que vigila y encierra.
La cárcel deja de ser el último recurso del derecho penal y se vuelve política social barata, un dispositivo para administrar a los pobres cuando ya no hay con qué incluirlos. Wacquant lo llamó gestión penal de la miseria.
Basta con ver la coyuntura costarricense con un mínimo de honestidad para reconocer la fotografía. En julio de 2025, Hacienda pidió a 12 ministerios recortar ¢5.275 millones de sus presupuestos para financiar un Cecot criollo, el llamado Centro de Alta Contención de la Criminalidad, de $35 millones, al costado de La Reforma. La Asamblea aprobó en setiembre la operación (ampliada a ¢7.870 millones con cargo a diez carteras). Migración perdió ¢147,3 millones (insumos para emisión de pasaportes y Dimex) para que el cemento del nuevo penal pueda colocarse a tiempo. La mano derecha engorda; la izquierda se queda sin papelería.
Los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, órgano de la Defensoría de los Habitantes, son tercos. Al cierre de marzo de 2025, el sistema albergaba 17.692 personas en una capacidad real de 13.666: una sobrepoblación general del 29,5%. En el ámbito institucional masculino, la cifra trepa al 42,9%. En el CAI Limón, los reclusos duplican el espacio disponible. Costa Rica tiene hoy una tasa de 333 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente.
Estas cifras no salen de una columna de opinión: salen del informe del órgano constitucionalmente encargado de prevenir la tortura en este país. Y describen, sin necesidad de adjetivos, lo que el ministro llama “no-hotel”: depósitos humanos donde la gente vive amontonada; ahora también come en taza plástica y, eventualmente, vuelve a la calle.
Conviene aquí una observación de Michel Foucault que en Vigilar y castigar parecía contraintuitiva y hoy parece obvia. La denuncia del fracaso de la prisión es tan antigua como la prisión misma. Desde el siglo XIX se sabe que el encierro no rehabilita, que reproduce delincuencia y que recluta a su clientela entre los más pobres. ¿Por qué entonces la institución sobrevive? Porque ese fracaso aparente es, políticamente, un éxito. La cárcel produce una delincuencia visible y manejable que justifica al propio aparato penal y alimenta el discurso de su endurecimiento. La frase del ministro, leída con Foucault, no promete seguridad: confiesa el mecanismo.
Hay, además, una dimensión jurídica que al discurso oficial le gusta omitir. Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Su jurisprudencia es categórica en un punto, fijado de manera ejemplar en el Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (2012): el Estado es garante reforzado de los derechos de las personas privadas de libertad, el hacinamiento “constituye en sí mismo una violación a la integridad personal” y la alimentación “debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente”.
Las Reglas Mandela no son un catálogo de comodidades hoteleras. Son el piso mínimo de dignidad humana por debajo del cual el Estado incurre en responsabilidad internacional. Confundir ese piso con el confort de un turista es, además de una imprecisión semántica, una temeridad que, tarde o temprano, alguien va a pagar. Y lo pagará el Estado costarricense, no quien hoy lanza la frase.
Se objetará –con razón parcial– que las víctimas del delito también existen y que la ciudadanía exige seguridad. Por supuesto. El problema es que ningún cuerpo de evidencia comparada respalda la promesa central del punitivismo: que cárceles más duras producen sociedades más seguras. La evidencia sugiere más bien lo contrario. Egresos más violentos. Redes criminales más sofisticadas, en buena medida coordinadas desde el propio penal. Comunidades de origen más fracturadas.
Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios –el tercer año más violento de su historia, después de los 905 de 2023 y los 876 de 2024– y una tasa de 16,7 por cada 10.000 habitantes, en pleno endurecimiento progresivo del régimen penitenciario. La política de mano dura no fracasa por exceso de tibieza; fracasa porque está mal diseñada.
La alternativa al populismo penal no es la indulgencia, aunque al ministro le convenga caricaturizarla así. Es la racionalidad: invertir en prevención, fortalecer las medidas alternativas para delitos no violentos, profesionalizar la Policía Penitenciaria, aplicar con seriedad los principios de proporcionalidad y necesidad que la propia Sala Constitucional ha repetido durante décadas.
La cárcel, en efecto, no es un hotel. Tampoco debería ser una sucursal del Cecot salvadoreño. Es –o debería ser– un instrumento excepcional de un Estado democrático, sujeto a límites convencionales y constitucionales, cuya legitimidad depende menos de la dureza con que se administra que de la justicia con que se aplica.
Cuando un país pierde de vista esa diferencia, el problema deja de ser de los reclusos. Pasa a ser de todos.
karman023@gmail.com
Jeffry J. Moras Sánchez es abogado.
