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A pesar de que la población latinoamericana ha sido parte esencial de su motor económico, los últimos gobiernos de Estados Unidos han visto con creciente alarma la llegada de migrantes de esta región y han buscado reducir sus flujos migratorios a través del fortalecimiento de su frontera sur, la restricción de la protección internacional y el establecimiento de procedimientos más rigurosos para la entrada al país.
A su vez, se ha apoyado en prácticas de “externalización migratoria”, buscando que sean terceros países (como Costa Rica, Panamá, México o Colombia) los que contengan los flujos migratorios hacia su territorio.
Entre estos países, México, tanto por su extensión como por su cercanía con Estados Unidos, es el que más presión política ha recibido para reducir el número de migrantes que lleguen a su frontera norte. Como resultado, desde la pasada década, este país ha desarrollado un complejo sistema, basado en lógicas formales e informales, dirigido a concentrar, contener y desgastar los flujos migratorios en la zona sur del país.
En el artículo “Amplifying vulnerability: State policy and the consolidation of a migratory chokepoint on Mexico’s southern border", de reciente publicación en la revista Political Geography, buscamos analizar este fenómeno en la ciudad de Tapachula, un punto estratégico en el paso hacia Estados Unidos.
En coautoría con el investigador de la University of Texas en El Paso, Charles Larratt-Smith, estudiamos cómo esta ciudad, ubicada a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, se ha convertido en el epicentro de estas políticas de contención. Históricamente, ha sido un punto de paso casi obligatorio para cualquier migrante que quiera llegar a Estados Unidos, dada su cercanía con la frontera guatemalteca, su buena conexión terrestre y un mayor desarrollo en infraestructuras.
Para realizar nuestro análisis, nos apoyamos en una serie de entrevistas con población migrante en la ciudad, así como con expertos académicos, representantes de organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil.
Nuestros hallazgos muestran que Tapachula se convirtió en un “punto de estrangulamiento migratorio” (migratory chokepoint) gracias al esfuerzo consciente y sostenido de las autoridades políticas mexicanas para canalizar, concentrar y contener a los migrantes en esta ciudad.
En concreto, el establecimiento de visas a los principales países emisores de migrantes (como Venezuela, Ecuador y Haití) y el mayor control migratorio derivado del despliegue de 30.000 agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. obligaron a que muchos de los migrantes que entran por México se dirijan a Tapachula, que, además de su ya mencionada cercanía, es uno de los pocos lugares de la región donde pueden regularizar su situación legal.
Sin embargo, el hecho de que los migrantes traten de obtener permisos para establecerse o circular libremente por el país no implica una mejora real de su situación. La falta crónica de financiamiento y recursos de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar), autoridad encargada de tramitar las solicitudes de asilo, provoca que los procesos suelan exceder los tiempos máximos legales, lo que deja atrapados en la ciudad a decenas de miles de migrantes durante meses.
Obligados a permanecer allí hasta que sus solicitudes sean resueltas (ya que, de no hacerlo, podrían ser detenidos y deportados), los migrantes afrontan toda una serie de desafíos, desde la ausencia de oportunidades laborales y prácticas abusivas en la búsqueda de alojamiento, hasta la victimización a manos de actores ilegales de la zona.
En nuestras entrevistas, pudimos recoger numerosos testimonios de migrantes que habían sufrido no solo constantes casos de discriminación y exclusión, sino también delitos de robo, extorsión, secuestro y explotación sexual.
Además, aquellos que decidieron reportar sus casos a las autoridades –una minoría, puesto que temen ser deportados, si lo hacen– normalmente encontraron instituciones saturadas e infrafinanciadas, totalmente incapaces de dar un apoyo efectivo a las víctimas.
De hecho, la situación es peor, también recogimos testimonios de que fueron algunas de estas mismas autoridades policiales y administrativas las que exigieron sobornos y favores sexuales para tramitar procedimientos administrativos, o incluso, directamente recurrieron a extorsiones y deportaciones ilegales contra los migrantes.
Como resultado de todo ello, la población migrante se encuentra atrapada en Tapachula, convertida en una suerte de “ciudad carcelaria” donde sufre constantes vulneraciones de sus derechos más básicos. Sin embargo, lo que evidencia nuestro estudio es que tal situación no es aleatoria o coyuntural, sino el resultado de un esfuerzo de contención burocrática basado en una infraestructura de documentación, vigilancia y confinamiento espacial, cuya finalidad es convertir esta ciudad en un punto de estrangulamiento migratorio: un cuello de botella que busca canalizar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, mantenerlos en la ciudad el máximo tiempo posible y, apoyándose en prácticas legales e ilegales, obligarlos a abandonar su proyecto migratorio.
En definitiva, el caso de Tapachula muestra cómo los esfuerzos de los países receptores por delegar en países de tránsito la reducción de los flujos migratorios pueden tener efectos dramáticos sobre la población en tránsito, especialmente cuando esos países carecen de instituciones sólidas y de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos. Estos hallazgos deberían invitar a la reflexión no solo en Estados Unidos y América Latina, sino también en Europa, donde cada vez se impulsan más prácticas similares.
Miguel Paradela López es profesor colaborador asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
