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Algunas personas aún desconocen que uno de los principales fines de la Constitución Política es el de protegernos del Estado mismo. No solo los reyes y monarcas abusan del poder: también los Estados democráticos y republicanos como el nuestro lo hacen.
No es descabellado reconocer que ese poder que aceptamos darle al Estado puede ser instrumentalizado. De John Locke y Jean-Jacques Rousseau aprendemos que el poder viene del pueblo y que la autoridad es legítima solo si respetan sus derechos y libertades.
Si la Constitución se hizo para protegernos del abuso de poder, ¿por qué no la hemos actualizado para protegernos del abuso digital?
El año 2007 se ve entre los tecnólogos como un punto de inflexión, un cambio de estadio. En ese año nacieron o sufrieron importantes transformaciones algunas creaciones que hoy influencian nuestras vidas: Apple lanzó el iPhone, mientras que Google lanzó Android, y Amazon, el Kindle, Google compró YouTube, y Facebook y Twitter despegaron. Además, varias tecnologías menos conocidas como Amazon Web Services y GitHub comenzaron a cambiar el mundo habilitando generaciones y generaciones de servicios digitales.
¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Primero, todos nos digitalizamos. Es más fácil contar las personas que no están activamente conectadas que las que sí lo están. Y segundo, el Estado también se digitaliza y empieza a querer controlar este nuevo mundo que ensancha sus posibilidades de control. Este control no es distinto al que las grandes empresas tratan de tener, por lo cual empieza a nacer la necesidad de proteger nuestros derechos digitales.
Los datos personales valen oro: para usted, para empresas como Google y Facebook, y para los gobiernos.
El problema es que Costa Rica se ha estancado en el pasado. La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos pide modernizarnos como otros países del mundo lo han hecho. Pero el país no le da a esto la importancia que requiere.
El expediente 23.097 está en la Asamblea Legislativa desde el año 2022. Esta iniciativa busca modificar nuestra Constitución para que contemple la protección de datos y, asimismo, para reformar la ley de manera integral con el fin de protegernos en un mundo que cada vez va a ser más digital.
Una mala gestión de datos puede no solamente dañarnos individualmente como personas, también puede habilitar abusos de poder y hasta un Estado de vigilancia. Esto no es ciencia ficción, como lo expresa el reconocido abogado y experto en estos temas, Mauricio París, en un artículo reciente. Los propios nazis se apalancaron en el uso de datos para lograr sus fines.
Este expediente permitiría solidificar el derecho a la protección de datos al actualizar conceptos, regular el movimiento y el acceso a estos y reforzar el consentimiento informado y las medidas proactivas de protección. Además, crearía sanciones más robustas para disuadir de cometer atropellos contra este derecho. Incluye, además, formas de hacer que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes sí funcione bien (no lo culpo si no sabía que esa entidad existe).
Ejemplos de este tipo de abuso no faltan en Costa Rica. El más famoso es el de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), lo cual no fue un error inocente. Es el equivalente a que el Estado entre a su casa, abra sus gavetas y revise todo sin permiso, sin consentimiento. Extrajo y almacenó datos confidenciales de las instituciones públicas, pasándoles por encima a los derechos de miles. Y el peligro no solo es la ligereza con la que se violentan estos derechos, sino los riesgos de que esos datos, por mal tratamiento, caigan en manos de delincuentes.
Otro caso que la mayoría de la población ignora es el del Banco Central de Costa Rica, el cual desde 2016 extrae datos de los bancos comerciales, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social. De una manera similar, el Ministerio de Hacienda forzó a las compañías de telecomunicaciones a entregarle los datos personales de sus clientes. Y estos son solo algunos de los casos que salen a la luz.
Cuando hablamos de datos personales, nos referimos a sus conversaciones, su ubicación, sus hábitos, su salud, sus finanzas. Todo eso está en manos de alguien más. No podemos seguir esperando a que el próximo abuso nos despierte.
La protección de nuestros datos no es un lujo ni un capricho: es la muralla que separa nuestra libertad de un Estado capaz de vigilarnos y controlarnos sin límites.
El expediente 23.097 no es solo una reforma legal, es un escudo para nuestra democracia. El momento de exigirlo es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
tewar93@gmail.com
Walter Montes es director de Ingeniería de Software y cofundador de Primera Línea.
