José Moncada Jiménez. 19 febrero

El aumento en el índice de violencia mundial ha alcanzado a la otrora pacífica Costa Rica. Sin embargo, en nuestro país, la violencia siempre ha existido y sus múltiples expresiones incluyen desde una palabra o un gesto hasta un garrotazo, una puñalada, un machetazo o un disparo con arma de fuego.

Desde un punto de vista evolutivo, el comportamiento violento ha permitido la supervivencia de las especies más fuertes (Darwin), pues ante una potencial amenaza real o percibida a la vida se recurre instintiva y creativamente a métodos para sobrevivir (autopreservación) o para proteger a los seres amados.

Existe un debate acerca de si se debe cambiar la Ley de Armas y Explosivos para que la sociedad decida si el límite permitido de tres armas por persona disminuye a una. Incluso, hay sectores de la población que ni siquiera sabían que existía legislación al respecto o nunca han considerado adquirir un arma de fuego, pues “no es parte de la tradición pacifista de los costarricenses”.

Costa Rica se ha enrumbado hacia un peligroso camino de la violencia generalizada, debido a la polarización económica y social

Un arma de fuego es un instrumento que sirve únicamente para expresar intimidación y violencia, no es un adorno. Quien adquiere un arma pretende utilizarla, es decir, premedita su uso; si no, ¿para qué la compraría?

Aumento del suicidio. Una de las preocupaciones de la población es saber si tener armas produce un aumento en la violencia y en el número de muertes. La respuesta no es simple; existen investigaciones que indican que sí y otra que no muestra tal asociación. Sin embargo, algo consistentemente encontrado en ambos tipos de estudios es que cuando se poseen armas existe una mayor cantidad de jóvenes entre los 10 y los 19 años que se suicidan.

La tasa de suicidio es cinco veces mayor en los hogares donde hay un arma de fuego, el riesgo aumenta cuando no se guarda correctamente y comprar un arma aumenta el riesgo de muerte por suicidio. Existe una enorme cantidad de variables que pueden explicar los hallazgos en esos estudios, y van desde factores demográficos, uso de drogas, enfermedades mentales, zonas geográficas y su índice de desarrollo social, entre otras.

Costa Rica se ha enrumbado hacia un peligroso camino de la violencia generalizada, debido a la polarización económica y social, una clase media debilitada en los últimos 30 años explicada parcialmente por aumentos tanto en la pobreza extrema como en la riqueza extrema, el despilfarro de recursos públicos y el desafortunado deterioro de la imagen y funcionamiento de las instancias judiciales del país, entre otros.

Encuestas realizadas por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) indican que casi la mitad de los costarricenses opinan que en la lucha contra la delincuencia nuestros policías son poco o nada eficientes y 7 de cada 10 costarricenses consideran que cada vez es más fácil conseguir drogas ilícitas.

Todo esto ha causado un aumento en la inseguridad y la percepción de una elevada violencia. Datos del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia de Costa Rica indican que de todos los homicidios dolosos con armas de fuego en hombres, 7 de cada 10 murieron por armas de fuego, y en el caso de las mujeres, fueron 4 de cada 10.

En casi 3 de cada 10 feminicidios ocurridos en Costa Rica del 2015 al 2017 se utilizaron armas de fuego. Las armas de fuego se usan para matar personas; en la Costa Rica del año 2000, se usaron armas de fuego en 5 de cada 10 homicidios, y en la Costa Rica del año 2016, en casi 7 de cada 10 homicidios también se utilizaron armas de fuego.

Es evidente el aumento en el número de vidas perdidas a causa de las armas de fuego. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿Deben los diputados cambiar la Ley de Armas y Explosivos? La respuesta contundente es sí; se debe pasar de permitir la posesión de tres armas a solamente una o ninguna.

No reduce criminalidad. Algunos pensarán que “armarse hasta los dientes” es la solución para defenderse, o que hacer muchas leyes puede protegernos, pero existe evidencia que indica que la mayoría de las leyes reguladoras del uso de armas no son eficaces para reducir las tasas de criminalidad.

Se han reportado algunos pasos parcialmente eficaces para reducir la violencia asociada al uso de armas de fuego, como, por ejemplo, exigir una licencia de portación, prohibir la compra a personas alcohólicas, criminales y a personas con enfermedades mentales. Sin embargo, no parecen ser soluciones a una problemática mayor, como lo es el manejo apropiado de las emociones de frustración, miedo, inseguridad, intolerancia y de la violencia per se.

Costa Rica puede ser otra vez un ejemplo para el mundo; ya lo hicieron los visionarios del siglo pasado al abolir el ejército. Ahora, les corresponde a los diputados no ceder ante presiones e intereses de la industria armamentista y apartarse del camino de la violencia y la destrucción. Costa Rica no necesita convertirse en un campo experimental para saber si tener más armas aumenta la violencia y la cantidad de vidas perdidas.

El autor es científico biomédico, catedrático de la UCR.