En visita realizada días atrás al CAI La Reforma, pude palpar la forma inhumana como el Estado costarricense trata a las personas privadas de libertad. El hacinamiento reina por doquier, malos olores atrapados en la basura que se acumula por días, baños inadecuados, letrinas en mal estado, cañerías de aguas jabonosas y aguas negras que desaguan en cualquier lugar, camarotes que solo la voluntad de Dios los puede sostener, pues se trata de reglas cruzadas entre sí, alimentos transportados y servidos sin las mínimas reglas de higiene, falta de agua en algunos sectores, grandes goteras en el zinc, veinte o más personas en un reducido espacio, calor sofocante; todas esas condiciones ponen en peligro la salud, integridad física e incluso la vida de esas personas; el peligro de intoxicaciones y epidemias es latente.
Estas pésimas condiciones de infraestructura, ponen de manifiesto que el sistema carcelario costarricense está inmerso en una severa crisis, y si de una enfermedad se tratara, afirmaría que se encuentra en cuidados intensivos, con respiración artificial y sin posibilidad de recuperación. Existe una verdad incuestionable: un sistema penitenciario en tales condiciones vulnera uno de los bienes jurídicos más importantes de nuestro sistema democrático: la dignidad humana.
Podría argumentarse que las personas recluidas han cometido delitos y deben pagar por su ofensa social. Sí, pero tal verdad no puede de ninguna forma olvidar que se trata de seres humanos que sienten, sufren, ríen, lloran, que tienen las mismas necesidades que usted y que yo, y que su sanción no puede ir más allá de la pérdida de su libertad de tránsito, pues mantienen íntegros los demás derechos fundamentales.
Intervención del Estado. Se requiere una intervención a gran escala; no basta con la buena voluntad demostrada por el Director del Centro en mejorar esta situación; es necesario el concurso de diversos entes interesados en dignificar la vida, la persona humana y la estadía de estas personas que tienen que permanecer recluidas.
Se necesita la voluntad de nuestros gobernantes para que adquieran conciencia, pues mantener a un significativo grupo de ciudadanos en tales condiciones, es contrario a un sistema democrático y constitucional de derecho, que ante el mundo se precia de ser respetuoso de los derechos humanos, pero que, en la realidad, no hace más que infligir tratos crueles, inhumanos y humillantes que, según la Convención contra la Tortura y la Constitución Política, están prohibidos.
Nuestro ordenamiento jurídico obliga al Estado costarricense a brindar a toda persona recluida un trato digno y humano. Estamos incumpliendo, y ello nos debe avergonzar, pero no basta con avergonzarnos si no realizamos todas aquellas acciones que nos permitan un cambio drástico del sistema penitenciario, que vea en el ser humano un fin y no un medio, tal y como esta aconteciendo.
El problema en mi criterio no es del sistema penitenciario como tal, sino de la voluntad estatal, que por años se ha olvidado de invertir en el sistema penitenciario, con el fin de lograr una mejor condición de vida para personas que, a pesar de todos los cuestionamientos que se les pueda hacer, no pierden ni perderán su condición de seres humanos. La solución está en dotar de más presupuesto al sistema penitenciario, y que este pueda así ejercer su labor, sin demeritar la dignidad humana.
Termino con una frase de Bertolt Brecht: “La injusticia es humana pero más humana es la lucha contra la injusticia”.
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